Uno de los beneficios de la libertad de prensa es que la ciudadanía puede llegar a conocer, a través de los medios de comunicación, al menos algunos de los latrocinios que se cometen a diario en la función pública y la identidad de sus autores. Muchas veces las informaciones provienen de las nuevas autoridades de una entidad, que sacan a la luz los trapos sucios de sus antecesores, no solo porque el Código Procesal Penal les obliga a ello sino también porque quieren deslindar responsabilidades. Es saludable, sin duda, que hoy la corrupción pueda ser denunciada y que nadie se eternice en un cargo público, tal como ocurría antes de 1989. El problema es que, por regla general, la constatación de un delito y la publicación respectiva no acarrean consecuencias penales para los autores, cómplices y encubridores. Las rimbombantes denuncias de los nuevos jefes solo constituyen “lata pararã”, para hacer creer que marcarán la diferencia, pero muy pronto ellos mismos son también sospechados de hechos ilícitos.
En estas décadas democráticas, solo el exministro de Justicia y Trabajo Silvio Ferreira y el expresidente del SNPP Nicolás Dagogliano fueron condenados a prisión por el delito de lesión de confianza –robo de fondos públicos– en el ejercicio del cargo. El expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) Rubén Quesnel, acusado por el mismo delito, sigue impidiendo desde la cárcel de Tacumbú la apertura del juicio oral y público, tal como lo vienen haciendo desde hace años, pero gozando de plena libertad, los exjerarcas Camilo Soares, Gladys Cardozo, Enrique Salyn Buzarquis, Rafael Filizzola, José María Orué, Carlos Heisele, Luis Ortigoza, Enzo Cardozo, Milciades Duré y Óscar Núñez, entre otros. Los cuatro últimos son hoy legisladores, al igual que José María Ibáñez y Víctor Bogado, quienes habrían delinquido en el ejercicio de un cargo electivo, a diferencia de los otros.
En verdad, se roba a mansalva, pero el Ministerio Público ni siquiera ha logrado que se inicie un solo juicio que concluya con la imposición de la pena correspondiente. Más aún, en ninguno de los casos mencionados intervino de oficio, pues se limitó a esperar una denuncia formal, como si la prensa no le hubiera brindado indicios suficientes.
Precisamente, acaba de imputar por el delito de lesión de confianza al exdefensor del Pueblo Manuel Páez Monges, pero solo tras la denuncia efectuada este año por su sucesor, Miguel Ángel Godoy. La que formuló por el mismo hecho, en 2012, la delegada de la Defensoría del Pueblo, Norma Ferreira, había sido desestimada. Como viene ocurriendo con todos los nombrados, es de suponer que al flamante imputado también se le impondrán medidas alternativas a la prisión, tal como lo pidieron los fiscales Igor Cáceres y Josefina Aghemo, de modo que seguirá en libertad para recurrir a las consabidas maniobras dilatorias de mala fe, según muestra la triste experiencia.
Habrá que ver el desarrollo de los acontecimientos en el caso que afecta al exasesor jurídico de la Municipalidad de Asunción Enrique García, sobre quien pesa la denuncia formal de haber incurrido en una grave negligencia al no apelar oportunamente un fallo arbitral que condenó a la Comuna al pago de 3,6 millones de dólares a la firma Ivesur. Pese a todas las evidencias acumuladas, hasta ahora no ha sido tan siquiera imputado. Su caso, por lo tanto, va camino al “oparei”, como tantos otros que conocemos.
A propósito de la Municipalidad, una auditoría realizada a pedido de la Junta Municipal de Asunción acaba de detectar un presunto desvío de casi 29.000 millones de guaraníes en los años 2014 y 2015, bajo la gestión del exintendente Arnaldo Samaniego. Como para dudar ya de antemano del resultado de esta denuncia, los ediles piden ahora un dictamen a la Contraloría General de la República, ¡encabezada justamente por Enrique García!, para luego presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
Continuando con la lista que demuestra la vergonzosa sumisión de la Justicia cuando de juzgar –y, más aún, condenar– a funcionarios y políticos se trata, basta señalar que hasta la fecha ningún exgobernador o exintendente ha sido enjuiciado por haberse apropiado de los recursos del Fonacide. Continúan tan campantes, como si hubieran incurrido en un delito insignificante y no en descarados robos de fondos destinados a la educación de los niños y jóvenes.
También se puede recordar que los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka, están allí, en sus puestos, dictando fallos, pese al escándalo de los viáticos fraudulentamente autorizados y percibidos, por mencionar solo una de las pillerías. Los casos citados bastan para ilustrar que quien comete delitos en perjuicio del erario no corre el riesgo de terminar en la cárcel, pese a las sanciones que establece el Código Penal. No hay por qué temer ni a los fiscales ni a los jueces, porque están sometidos al poder político.
¿Qué puede esperarse, por ejemplo, de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de un Consejo de la Magistratura entre cuyos miembros figuran políticos tan averiados como Óscar González Daher (colorado) y Enzo Cardozo (liberal), este último procesado por el delito de lesión de confianza por una millonaria malversación de créditos para horticultores en su época de ministro de Agricultura y Ganadería?
¿Qué se puede esperar si en una comisión nacional creada para le Reforma de la Justicia figura como miembro el diputado colorado Bernardo Villalba, quien aparece en un informe preparado en el propio seno del Congreso como sospechoso de tener vínculos con el narcotráfico?
Esta es nuestra triste realidad: jueces y fiscales están en manos de los políticos y legisladores de negro pedigrí.
¿Qué resta por hacer, entonces? No nos cansamos de repetirlo: solo una vigorosa reacción de los ciudadanos y las ciudadanas, tratando de romper primero las “listas sábana” en las que se cuelan los delincuentes y desfachatados, castigarlos con sus votos en las urnas y después enviarlos a la cárcel, que es el lugar donde hicieron mucho mérito para estar.
