El juez Rodrigo Estigarribia, a cargo del juzgado Especializado contra Delitos Económicos, refirió que en los últimos cinco años se están dando sanciones graves en contra de ciertas personas que nunca en la historia del Paraguay se dieron. “Sin embargo, está probado que el sancionar penalmente no es la solución, acá es una cuestión preventiva. Mientras que, tanto el Estado, los medios de prensa, los ciudadanos piensen que el sistema penal es la solución a los problemas del país, esa no es la solución a los problemas del país, sino que es la parte preventiva”, manifestó el magistrado.
-¿Cuáles fueron los hechos punibles que más se dieron de acuerdo a los datos estadísticos?
“La mayor cantidad de hechos punibles imputados fueron los de lesión de confianza. Básicamente, las investigaciones que se iniciaron y llegaron al juzgado versaron sobre perjuicios que se realizaron en contra del Estado y en mayor número en contra de municipalidades”.
-O sea, los hechos de corrupción se dieron mucho más en los municipios.
“Exactamente. Estamos hablando tanto de imputaciones, como primer requerimiento, como de acusaciones, teniendo en cuenta el periodo de este año en contra de municipalidades, realizadas supuestamente por intendentes y también otras personas. Algo también relevante es que hay muchas personas particulares implicadas, que serían contratistas o personas que emiten las facturas, que normalmente fueron beneficiadas con salidas alternativas, pero lo relevante es que también hay complicidad de personas que no son actualmente funcionarios públicos”.
-O sea se habla de una organización criminal, o sea se conforma una organización para delinquir dentro de los municipios y desviar dinero público.
“Exactamente. Es un esquema que por lo menos en las experiencias que he tenido, es la misma, tanto en gobernaciones o municipalidades donde normalmente se realizan los hechos a través del rubro de ayuda social, que es el rubro 800, que no tiene un control exhaustivo por parte del Estado en cuanto a llamado a licitaciones puesto que se realizan sin intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Yo podría decirte que el 100%, sin mirar, pero si no me equivoco, el 100% de los casos es de los fondos del rubro 800 que es ayudas sociales”.
-¿Y qué es lo que se puede hacer en ese sentido? Porque este esquema funciona hace rato y se sigue repitiendo. ¿Faltarían sanciones más duras o que las sanciones sean más efectivas?
“En realidad, en la experiencia que tengo en los últimos cinco años, se están dando sanciones graves en contra de ciertas personas que nunca en la historia del Paraguay se dieron. Sin embargo, está probado que el sancionar penalmente no es la solución, acá es una cuestión preventiva. Mientras que, tanto el Estado, los medios de prensa, los ciudadanos piensen que el sistema penal es la solución a los problemas del país, esa no es la solución a los problemas del país, sino que es la parte preventiva. Justamente en lo que tiene que ver con el rubro 800, establecer mecanismos de control del uso de manera preventiva. Yo podría decirte hace unos años las rendiciones de cuentas se hacían en un formato papel, o sea que es imposible controlar porque existen cientos de Municipalidades. Es fortalecer el control, porque la corrupción se va a erradicar no solamente con una sanción, sino que lo más relevante es la prevención por las autoridades administrativas. Y esto se da en todos los hechos punibles, o sea que las sanciones o la pena privativa de libertad, la cárcel no es la solución, sino que es la prevención.
-En estas causas de desvíos registrados en municipalidades y gobernaciones, ¿se aplican salidas alternativas?
“Es correcta la aplicación de salidas alternativas, siempre que se den los requisitos, porque hay que comprender también que la Constitución lo que busca es reencauzar a las personas y proteger a la sociedad, o sea, esa es la finalidad de la pena, o sea que la finalidad de la pena no es castigarle a alguien porque cometió un hecho punible, sino que se readapte”.
Hay personas que, por ejemplo, no tienen antecedentes penales, tienen familia, tienen hijos, chicos, realizan actividades económicas de manera normal, habitual y estas circunstancias son a favor de estas personas y con una salida alternativa, lo que se busca es justamente que esta persona no vuelva a cometer otros delitos, porque esa es la finalidad y además las salidas alternativas, aparte de beneficiar porque es un beneficio para la persona, también lo que busca es no colapsar el sistema, porque en la realidad es imposible que el Estado investigue todos los hechos punibles que existen sino que debe enfocar su atención a los hechos punibles que son relevantes obviamente y también castigar a los autores principales. Es una cuestión de política criminal y que tiene que ver con la criminología, pero, las salidas alternativas hacen que el sistema tampoco colapse”.