La dilación de los procesos, por negligencia o corrupción de los operadores de justicia, permite la prescripción de los hechos punibles y la consecuente impunidad de los involucrados. En muchos casos, esta lamentable situación se da en la propia Corte en donde los ministros se convierten en cómplices, no solo de los “peces gordos” sino de todos los que consiguen ser blanqueados al no resolverse sus causas en el plazo legal establecido.
Por otro lado, se puede decir que los integrantes del alto tribunal se convierten en encubridores al no sancionar, hasta ahora, a jueces, camaristas, funcionarios y abogados que permitieron que estafadores, acosadores, ladrones del dinero público e implicados en otros delitos sean blanqueados. Es inadmisible que los expedientes “duerman” tres, cuatro y hasta cinco años en las Salas de la máxima instancia judicial y menos aún, que los jueces no tomen medidas para que una audiencia preliminar se lleve a cabo antes de los cinco años de la acusación. La Corte como cabeza del Poder Judicial es la responsable y los ministros tienen que responder ante la ciudadanía y si es necesario en un juicio político por presunto mal desempeño en sus funciones. Prometieron mucho e hicieron muy poco.
Uno de los procesos por corrupción pública cuya prescripción fue declarada hace dos semanas en un juicio oral es el hecho de lesión de confianza atribuidos a los exministros de Agricultura, Enzo Cardozo y Rody Godoy, por un perjuicio de G. 3.700 millones al MAG. Los jueces Elsa García, Yolanda Portillo y Fabián Escoban declararon la prescripción y el consecuente sobreseimiento definitivo de los exsecretarios de Estado y otros acusados.
Los miembros del Tribunal de Sentencia señalaron que la causa prescribió en primera instancia. Hicieron referencia al juzgado de Delitos Económicos a cargo de Humberto Otazú, que fue el juez que remitió el caso a juicio oral.
Los juzgadores dejaron bien en clara que si bien la Sala Constitucional tuvo más de cuatro años el caso, se manejó con las compulsas y el expediente origina siempre se tenía en el juzgado o la Cámara de Apelaciones. Ordenaron la remisión de los antecedentes a Auditoría.
Entre la acusación de la fiscalía y la audiencia preliminar pasaron más de seis años, sin que hay motivos de interrupción, por lo que se declaró la prescripción. Este hecho es inadmisible, o sea que no se hayan adoptado los mecanismos para que se haga la audiencia para que interrumpa la prescripción. El hecho es grave, pero no se tiene una reacción de la Corte, cuyos ministros debieron disponer una auditoría de reacción inmediata para individualizar y suspender preventivamente a los operadores de justicia o funcionarios responsables de esa grave negligencia que permitió que el caso quede impune.
El proceso a Camilo Soares, en el caso más conocido como coquito de oro, también prescribió de acuerdo a un fallo de la Sala Penal de la Corte, que señaló que cuando se hizo el juicio oral ya prescribió el hecho de lesión de confianza, en perjuicio de la Secretaría de Emergencia Nacional, SEN.
La Sala Penal de la Corte había remitido a Auditoría más de 40 casos que fueron declarados prescriptos. Sin embargo, hasta ahora no se dieron a conocer los resultados.
Según fuentes, el Consejo de Superintendencia ordenó sumarios a jueces y camaristas, lo cual había motivado una reunión de estos últimos con los ministros de la Sala Penal y del Consejo. Estuvieron Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón.
La ciudadanía espera que los responsables de las prescripciones sean sancionados, debido a que estas se dieron por la corrupción o la desidia de los operadores de justicia responsables de la tramitación de los expedientes.
Mañana está previsto el inicio del juicio oral y público a los exministros Enzo Cardozo y Rody Godoy, esta vez, por un perjuicio de G. 68.000 millones al Ministerio de Agricultura.
El defensor público Carlos Arce manifestó que el hecho está prescripto y que este caso es idéntico al otro en donde un Tribunal de Sentencia prescribió el hecho de lesión de confianza y declaró el sobreseimiento definitivo.
