El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura se despiden del año 2023 con una enorme deuda con la transparencia, que solo se da en los discursos de sus autoridades, pero casi nada en la práctica.
El sometimiento a los poderes políticos y económicos continúa en un elevado porcentaje. Contados son los ministros de la Corte, fiscales y jueces que se plantan ante los pedidos de senadores, diputados o integrantes del Ejecutivo, en grosera violación a la ley. La ciudadanía espera que los miembros del Poder Judicial y todas las instituciones que la componen actúen con absoluta transparencia e independencia. La gente está cansada, a quienes califica “jueces de mierda”, “fiscales coimeros”, “síndicos de quiebras que se llenan los bolsillos”, “defensores públicos haraganes” y “consejeros y miembros del Jurado traficantes de influencias”. Brindemos hoy para, que, en 2024 sean más los operadores de justicia honestos y valientes y mucho menos los sumisos al dinero y al poder.
La sociedad civil se tiene que fortalecer, porque solo de esta forma se podrá exigir a las autoridades que cumplan sus funciones y sobre todo con las promesas que hicieron antes de asumir el cargo.
El trabajo que hacen las organizaciones no gubernamentales y algunos gremios de abogados, que por lo menos de vez en cuando hacen escuchar su voz de protesta, aporta su grano de arena, para que la Corte, la Fiscalía General, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura vayan haciendo algunas correcciones. Sin embargo, esto es absolutamente insuficiente, hay todavía mucho camino por recorrer y ese recorrido tiene que se observado en forma permanente por la ciudadanía, que es el mejor contralor que pueden tener las autoridades, que por cierto deben cumplir con su obligación de rendir cuentas de su gestión.
