Los jueces, fiscales, camaristas, síndicos de quiebras, defensores públicos y ministros de Corte, tienen la obligación de justificar sus bienes. En el caso de la jueza Gloria Hermosa, tras la denuncia que la salpicó en presunto caso de coima, en las redes le cuestionan un viaje a Europa con toda su familia, para despedir el 2022 y recibir el 2023.
La magistrada Hermosa, según sus redes, es uno de los tantos operadores de justicia que ostenta a través de sus redes la “buena vida” que lleva junto a su familia, con su salario de jueza. Es por eso, que apenas salta una denuncia, y la ciudadanía se “tira con todo” y se hace preguntas, que son básicas. Por ejemplo, ¿De donde sacó el dinero para costear un viaje a Europa con toda su familia? Incluso la gente ya cuestiona hasta la ropa, que es de tal o cual marca y que con un salario de administrador de justicia es difícil comprar.
Ante la ostentación de bienes que hacen muchos magistrados es clave el estudio de correspondencia por la Contraloría.
SALTAN INCONSISTENCIAS
La Contraloría concluyó el estudio de correspondencia de bienes con relación a un grupo de 20 jueces y fiscales, de 121 que fue solicitado por el Consejo de la Magistratura. Se hicieron observaciones en algunos casos, debido a que se encontraron inconsistencias entre lo declarado y los informes recibidos por el órgano contralor. Eso informó a El Observador el 21 de noviembre pasado, el director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, quien explicó que se debe correr traslado a los afectados para que presenten sus descargos en cuanto a los puntos observados. Si no levantan los cuestionamientos, se envían los antecedentes a la Fiscalía por presunta declaración falsa o supuesto enriquecimiento ilícito.
“Estamos trabajando sobre cada uno a medida que vamos recibiendo los informes de las instituciones. Esto va ir saliendo por grupo, porque también estudiamos la correspondencia de los comisarios generales”, refirió.
“En el caso de algunos jueces y fiscales se hicieron observaciones”, puntualizó el funcionario, que al ser consultado como se puede entender eso, respondió: “Que se han detectado inconsistencias entre lo declarado y los informes recibidos, lo que se convierten en observaciones de la Contraloría”.
El siguiente paso es comunicar al funcionario, en este caso específico jueces y fiscales, para que puedan presentar su descargo con relación a los puntos observados por el órgano encargado del control.
“Si no se levanta la observación se confirman las inconsistencias y se remiten los antecedentes al Ministerio Público, ya sea por omisión (declaración falsa) o incremento patrimonial no sustentable”, manifestó el director de Declaraciones Juradas.
ANTECEDENTES
La Contraloría revisa un total de 700 declaraciones juradas de bienes y rentas que fueron realizadas por 84 jueces, 7 camaristas, 24 fiscales y 6 defensores públicos, para solicitar informes a entidades públicas y privadas, en el marco del estudio de correspondencia entre sus ingresos y egresos, de la lista de 121 operadores de justicia enviada por el Consejo de la Magistratura.
