El 14 de setiembre pasado, la ministra Teresa Rojas, cuando recibió el oficio del juez Edgar Rivas por el cual le ordenaba embargar los bienes de Darío Messer, sujetos a comiso, por US$ 4 millones para honorarios de los abogados Leticia Bóbeda y Rodrigo Galeano, se comunicó de inmediato con la fiscala Liliana Alcaraz, luego con el juez José Delmás y la ministra Carolina Llanes, cuya intervención fue clave. Esa misma tarde-noche, el Ministerio Público pidió la medida de no innovar, que fue dispuesta por el magistrado y que ingresó a las 7:00 horas del día 15 en los Registros Públicos. Los camaristas Juan Carlos Paredes y Antonia López fueron fijaron honorarios con base a publicaciones periodísticas.
Con una advertencia al píe de la página, que la ley N° 4711/ castiga el desacato con pena privativa de libertad, el 14 de setiembre pasado en horas de la siesta, ministra Teresa Rojas recibió el oficio del juez Rivas, por el cual ordenó a Senabico que se “sirva proceder en su calidad e ENTE ADMINISTRADOR DE LOS BIENES SUJETOS A COMISO DEL DEMANDADO DARÍO MESSER”, a trabar EMBARGO EJECUTIVO sobre los derechos y acciones que corresponden al mismo en su calidad de SOCIO U ACCIONISTA y/o en cualquier otro concepto que le pudiera corresponder en la firma GRAMONTE SA”. La notificación llamó la atención de Rojas, quien de inmediato, según las fuentes, se puso en contacto con la fiscala Alcaraz, quien en ese momento se encontraba en un curso fuera del país, junto a su colega Francisco Cabrera, quien también interviene en el caso.
Rojas le comentó a Alcaraz que recibió el oficial judicial al tiempo de preguntarle si el Ministerio Público tenía inmovilizado los bienes de Messer, considerando el embargo ordenado por el magistrado Rivas. La respuesta de Alcaraz fue que sí, de acuerdo a las fuentes.
Luego, la titular de Senabico se habría puesto en contacto con el juez de la causa, José Delmás, a quien también le preguntó si se dictaron las medidas cautelares sobre los bienes de Messer, administrados por el referido ente. Delmás le respondió que hizo varias intimaciones a los agentes del Ministerio Público y le mencionó las dos últimas que fueron del 20 de julio de 2022 y del 5 de setiembre, pero que los agentes no solicitaron nada.
La falta de medidas cautelares efectivas, especialmente la de no innovar, no se había solicitado, ni dictado y menos ingresado a los Registros Públicos, de acuerdo a lo confirmado por su titular, Lourdes González.
A raíz de ello, la ministra de la Senabico se puso en contacto con la ministra de la Corte, Carolina Llanes, a quien le expuso la grave situación. La ministra de inmediato convocó al juez Delmás para que se constituya al juzgado, verifique la situación y que adopte las medidas necesarias.
Delmás vino al juzgado en horas de la tarde y allí recibió alrededor de las 19:00 horas, el pedido de los fiscales para que dicte la medida de no innovar sobre bienes de Messer. El magistrado junto a sus funcionarios trabajó toda la noche y parte de la madrugada para que a las 7:00 horas del 15 de setiembre pasado se de entrada en Registros Públicos a la medida de no innovar dispuesta por el juzgado.
De esta manera, se logró que primero ingrese la prohibición de innovar antes que el embargo decretado por Rivas por el monto de 4 millones de dólares para honorarios de los abogados Bóbeda y Galeano.
Honorarios
En primera instancia, el juez en lo Civil, Alfredo Barrios, estableció los honorarios de los abogados en G. 2.530.020 cada uno. La resolución fue apelada por los letrados y en segunda instancia, los camaristas Juan Carlos Paredes y Antonia López de Gómez, retasaron los honorarios en US$ 4 millones, considerando que los bienes de Messer treparían a 300 millones de dólares de acuerdo a publicaciones periodísticas. Votó en disidencia Guido Cocco, quien dijo que se tenia que confirmar lo fijado por el juez Barrios.
