La leve sanción de dos años, con suspensión de la ejecución de la condena, a los caseros del exdiputado Tomás Rivas, quien incluso fue sobreseído en un juicio oral por el caso y la suspensión condicional del procedimiento a favor del entonces diputado José María Ibáñez, quien también pagó con dinero público a los cuidadores de su quinta, facilita el grosero despilfarro en el Poder Legislativo, con el pago a planilleros. El sometimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público al poder político, hace que no se pueda aplicar un castigo ejemplar a los parlamentarios, su familiares u operadores, que perciben salario como funcionarios del Congreso, pero que no acuden a trabajar. La Fiscalía abrió una investigación en el caso de Alejandro Ovelar, hijo del senador Silvio “Beto” Ovelar, por hecho punible a determinar.
Ante una Poder Judicial y un Ministerio Públicos sometidos al poder político, solo la presión ciudadanía es la que puede obligar a los legisladores a que hagan a renunciar a sus esposas, hijos, parientes y operadores políticos que fueron contratados o nombrados en el Congreso, supuestamente en los cargos de confianza.
Un claro ejemplo de ello, es el caso que en su momento afectó al entonces diputado José María Ibáñez, que ante la presión ciudadana tuvo que renunciar a la Cámara Baja, pese a que el proceso que soportó por el caso de sus “caseros de oro”, prácticamente terminó en la nada, considerando que le dieron una salida alternativa. Aplicaron la suspensión condicional del procedimiento, a lo cual se había allanado el Ministerio Público, en aquel entonces.
Ibáñez no soportó la presión ciudadana y tuvo que dejar el cargo. Era lo mínimo que podía hacer, ya que quedó demostrado en proceso que con dinero del Estado, presupuesto de Diputados, pagaba a los caseros de quinta de Areguá. Es más, según la investigación penal, Ibáñez y su esposa, Lorena Plabst, manejaban la tarjeta y cobraban el dinero, que sacaban de cajeros automáticos y solamente le entregaban G. 800 mil a los caseros de oro. Todo esto se desnudó en la averiguación fiscal, que finalmente terminó con una salida judicial benigna para Ibáñez, pero que por otro lado le costó el cargo.
Otro caso que saltó a la luz pública, fue el del entonces diputado Tomás Rivas, quien al igual que Ibáñez, pagaba con dinero de la Cámara a los caseros de su vivienda en Paraguarí. Los caseros fueron condenados en un segundo juicio oral a la pena de dos años de cárcel, pero con la suspensión de la ejecución de la condena. El primer juicio, en donde hubo pena más alta fue anulado, gracias a la injerencia político y un sometido Poder Judicial.
En otro juicio oral, Tomás Rivas, había sido desvinculado definitivamente del proceso por presunta estafa. El fallo fue apelado por el fiscal Luis Piñánez y ahora se tiene que hacer un segundo juicio.
Estos antecedentes demuestran la postura complaciente del Poder Judicial, ante el poder político, que hace años lo tiene sometido. En algunos casos, ciertos representantes del Ministerio Público demostraron benevolencia.
Las leves condenas aplicadas en estos casos, o una impunidad encubierta, alienta que en el Poder legislativo se siga despilfarrando dinero público, con la contratación o nombramiento de esposa, hijos y otros familiares de los parlamentarios. Una vergüenza.
Queda evidenciado que solo con la presión ciudadanía, se puede lograr que los legisladores rectifiquen rumbo.
Por otro lado, es necesario que el Ministerio Público asuma su rol como representante de la sociedad y abra investigaciones. Hay casos, como el del hijo de la diputada Roya Torres, en donde hay indicios de cobro indebido de honorarios. La ciudadanía espera que el fiscal general, Emiliano Rolón, no cierre los ojos ante estos hechos.
