De la imputación formulada a la secretaria fiscal Griselda Acha Alcaraz y a las abogadas Liz Martínez Robles y Nélida Alcaraz, detalla cómo presuntamente se produjo el pedido de coima a un hombre a cambio de una salida procesal para su hijo, que enfrenta un proceso por homicidio doloso. Según la tesis de la Fiscalía, hubo un pedido de G. 25.000.000 y posteriormente G. 7.000.000.
El acta de imputación señala que desde el 8 de febrero de este año aproximadamente, la abogada Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín se habría puesto en contacto telefónicamente con Alcides Manuel Hermosilla, a fin de ofrecerle una “solución” al caso de su hijo Richard Hermosilla, quien se encuentra procesado y con privación de libertad en el marco de la Causa Penal N° 11.394/2.020 caratulada “Derlis García Enciso y Richard Daniel Hermosilla González s/Homicidio Doloso – Tentativa, Asociación Criminal y Producción de riesgos comunes”.
En esa primera llamada, la abogada Alcaraz Bogarín habría indicado a Hermosilla que en caso de estar interesado en “llegar a un arreglo con la Fiscalía” que se comunique con la abogada Liz Elena Martínez Robles, para lo cual le habría compartido vía WhatsApp el contacto de la misma.
Ante la propuesta, Hermosilla llamó a la abogada Martínez Robles y esta le comenta, entre otras cosas, que la Fiscalía estaba “interesada” en darle una salida procesal a su hijo Richard, que estaba conversando con la fiscal de la causa y con una asistente de apellido “Acha”, pero a cambio de esa salida procesal, la abogada Martínez Robles le habría solicitado la suma de G. 25.000.000.
La profesional del derecho le habría indicado que dicha suma debía entregarse en dos pagos, inicialmente un monto de G. 5.000.000 para “asegurar” la salida procesal y una vez finalizada la audiencia preliminar de la causa, prevista para el lunes 20 de febrero, tendría que realizar la entrega de G. 20.000.000, la diferencia por el trato.
Durante esa misma llamada la abogada Liz Martínez Robles, también habría especificado que la salida procesal sería de un “sobreseimiento” para evitar llegar a juicio oral y público y como garantía de dicha “solución” ofreció una reunión en la Fiscalía Zonal de San Lorenzo, fijada el 10 de febrero, encuentro al que no acudió Hermosilla, con la excusa de que “se encontraba con problemas de salud”.
El 15 de febrero a las 09:00 horas aproximadamente, de conformidad a la autorización judicial expedida por el Juez Penal Humberto Otazú, el señor Hermosilla procede a realizar una llamada al teléfono de la abogada Liz Martínez Robles, la cual fue atendida por una persona de sexo femenino. La llamada duró aproximadamente seis minutos 14 segundos, y en la misma se escucha que la persona de sexo femenino promete una solución al señor Hermosilla por el problema de su hijo Richard, a cambio de la suma de G 25.000.000.
En dicha llamada, la abogada Liz Martínez Robles, indica al señor Hermosilla que ella iba a asistir a su hijo Richard durante la audiencia preliminar, que ella misma prepara la defensa y que ante eso la fiscal se “allana” nomas ya al pedido de sobreseimiento y una salida procesal de procedimiento abreviado por otro hecho punible por el cual le acusó la fiscal Ana Girala.
Sin embargo, en ésta última llamada la abogada Liz Martínez Robles solicita el monto de G 7.500.000 por sus honorarios profesionales, en tanto que para la fiscal interviniente solicita nuevamente la suma de G. 25.000.000, además de mencionar que la propia fiscal fue quien le proporcionó los datos para entrar en comunicación con él.
En dicha llamada, se acuerda una reunión para el día jueves 16 de febrero a las 09:00 en la sede de la Fiscalía Zonal de San Lorenzo, donde se encuentran el señor Alcides Manuel Hermosilla y la abogada Liz Martínez Robles, al entrar en contacto vía mensajes de WhatsApp, acuerdan encontrarse frente al Edificio de la Fiscalía Zonal de San Lorenzo, y posteriormente se habrían dirigido hasta la secretaría de la Unidad Penal Nº 1, en donde se habrían reunido con la funcionaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz, oportunidad en que ésta le habría referido a Alcides Hermosilla, entre otras cosas, que le daba la “plena certeza de que así iba a ser ya con venia de la fiscal”, “es como que esté hablando luego con ella”, reiterando que tenga “plena confianza”.
Concluida la reunión – prosigue la imputación – y debido al tenor de las conversaciones, el Ministerio Público procedió a ordenar la detención de las abogadas Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín y Liz Elena Martínez Robles como así también, de la funcionaria fiscal Griselda Beatriz Acha Alcaraz, quien se presta servicios ante la Unidad Penal N° 1 a cargo de la agente fiscal Ana Elizabeth Girala López.
