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“Macho” habría pagado a fuerzas públicas y autoridades de Canindeyú por protección

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Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”, contaría con la colaboración de miembros de las fuerzas públicas de seguridad del Estado y autoridades locales (Canindeyú), a quienes realizaría pagos periódicamente a cambio de protección e información privilegiada. Así señala la imputación presentada por los fiscales Alicia Sapriza, Osmar Legal, Alejandro Cardozo y Christian Ortiz. En el escrito se revelan algunos puntos, pero no los detalles debido a la reserva de actuación, considerando que continúan los procedimientos en busca de más indicios e implicados en la organización criminal. Algunos miembros cayeron en el operativo denominado “Ignis”.

Desde el año 2022 a la actualidad Felipe Santiago Acosta, alias «MACHO», estaría ejerciendo el liderazgo de un grupo de personas organizadas para la plantación, acopio, procesamiento y circulación de sustancias estupefacientes, para venta y distribución, dentro y fuera del país. Igualmente, coordinaría la adquisición de armas de fuego de grueso calibre, con el objetivo de emplearlas para la seguridad particular de los componentes del grupo y el tráfico internacional de las mismas.

Estaría contando con la colaboración de miembros de las fuerzas públicas de seguridad del Estado y autoridades locales, a quienes realizaría pagos periódicamente a cambio de protección e información privilegiada. Ejercería el control sobre tierras pertenecientes a comunidades indígenas de la zona, a los efectos de que dichas propiedades sirvan de pistas clandestinas para despegue y aterrizaje de avionetas u otros vehículos aéreos utilizados para el transporte de las cargas de sustancias estupefacientes y armas.

El grupo liderado por alias “MACHO” se movilizaría en caravanas de vehículos presuntamente blindados y con armamento de grueso calibre -entre ellos fusil calibre .50- además dispondrían de grupos de seguridad instalados en los diversos inmuebles “casas de seguridad” utilizados por dicha organización. En la estructura de la organización criminal de alias “MACHO”, estaría cooperando directamente como miembro de alto rango, RICARDO LUIZ PICOLOTTO PEDROSO DA SILVA, alias “R7”, quién sería también miembro del Primer Comando Capital (PCC), y en su momento ya habría logrado evadir a las fuerzas públicas del Estado, específicamente en la ciudad de San Bernardino.

PICOLOTTO PEDROSO DA SILVA, sería el encargado de buscar mercados y rutas para el envío de sustancias estupefacientes y la adquisición de armamentos que presuntamente podrían ser utilizados para la seguridad propia de la organización y la comercialización fuera del territorio nacional. Además, participaría de manera directa y activa con los demás componentes del grupo criminal, ya que frecuentaría los inmuebles vinculados a la estructura delictiva y acompañaría a las caravanas de seguridad cuando se movilizan por la zona.

“A esta altura de la investigación, existirían elementos corroborables e indicios contingentes para considerar que los imputados RICARDO LUIZ PICOLOTTO, PEDROSO DA SILVA, EUSEBIO ACOSTA RIVEROS, GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS, HERIBERTO ROA CORONEL, CARLOS DANIEL CASTRO WENSESLAO, HUGO RAMÓN BENÍTEZ, HUGO CÉSAR GONZÁLEZ, ALFREDO GUZMÁN PORTILLO, SERGIO DENIS MEDINA BENITEZ y CRISTIAN SANTIAGO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, serían presumiblemente responsables de la comisión de los hechos punibles investigados, teniendo en cuenta, el relato fáctico descrito en el acta de imputación, así como las actas de allanamientos”, dice la imputación.

“Cabe señalar, que a raíz de las investigaciones realizadas tales como verificaciones, entrevistas realizadas a fuentes humanas, cotejos y tomas fotográficas, se llegó a la identificación de las personas que estarían involucradas, las funciones y aportes de cada miembro, como también los sistemas logístico y operativo del grupo criminal. La referida organización criminal se estaría dedicando al tráfico, local e internacional, de drogas (cocaína y marihuana) y armas de fuego (de diversos calibres y características) teniendo como destino aparente al Brasil, con la activa participación de personas de nacionalidad paraguaya, brasileña y boliviana. Además, conforme a los informes de datos procesados, se habría tenido conocimiento de que el supuesto esquema criminal posee un sistema de seguridad propio, disponiendo de armamento pesado y contaría con la connivencia de las fuerzas públicas y autoridades locales de la zona para seguir operando”, enfatizaron los fiscales.

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