El 2 de febrero próximo es la fecha fijada para llevar adelante el remate de la sede de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Poder Judicial, ubicada en Ñemby, que según la tasación tendría un valor de G. 11.715.000.000.
Es el marco del expediente caratulado PAC y LAB contra el referido gremio, en la demanda que se promovió para una ejecución hipotecaria. El caso incluso se habilitó en plena feria judicial, donde continuaron los trámites, pese a presunta varias irregularidades, a las cuales se habrían prestado jueces y funcionarios, según denuncian. ¿Quiénes están detrás de la subasta de inmueble que costaría alrededor de US$ 1.600.000? ¿Llegan los vínculos hasta la Corte, en donde incluso se tramitó una acción?
Los exmiembros de la Aso de Funcionarios Judiciales, que fueron condenados en juicio oral, por la comisión de hechos punibles en perjuicio del gremio, habían obtenido préstamos hipotecarios de las empresas referidas, que luego recurrieron al Poder Judicial para ejecutar la hipoteca, que en ente caso es el local de la Aso.
En la causa, incluso se presentó un incidente de nulidad por parte de la Aso, que refiere que la juez de feria no es competente para entender en el proceso, al no hallarse firme la providencia por la cual se dispuso la habilitación de la feria judicial. Contra dicha providencia, se interpuso un recurso de reposición que debía ser resuelto por el juez de origen, conforme lo dispuesto en el artículo 390 del Código Procesal Civil.
“Con esta primera errónea decisión, la juez ha imprimido un trámite irregular al proceso y se hace necesaria la declaración de nulidad de las actuaciones a partir del proveído de fecha 11 de enero de 2024, ya que si ello se causaría a mi mandante un gravamen irreparable”, dice parte del escrito presentado por el abogado César Javier Maldonado Páez, en representación de la Aso.
En el escrito se enumera una serie de irregularidades, pese a las cuales se avanzó con el proceso, apurando de esta forma el remate del valioso inmueble. Se habla de que detrás estaría un grupo de abogados, entre los cuales estaría uno vinculado a integrante de la máxima instancia judicial. Esta sospecha, solo pueda ser fortalecida con los documentos que puedan ir apareciendo.
