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Masacre en Penal de San Pedro: Fiscalía solicita 30 años de cárcel y 10 años de medidas de seguridad para siete miembros del PCC

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En la etapa de alegatos finales en el marco del juicio por la masacre ocurrida en el penal de San Pedro, Los fiscales Alicia Sapriza, Giovanni Grisetti y Alejandro Cardozo Pereira solicitaron 30 años de cárcel y 10 años de medidas de seguridad para un grupo, mientras que para los demás 20 años de cárcel y 5 años de medidas seguridad. La Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez, participó asistió a los alegatos finales y dio su apoyo a los agentes.

Según el Ministerio Público, Fredy González Delvalle, Roger Darío Molinas, Oscar Diosnel Villa Bobadilla, Cristóbal Gamarra Martínez, Ronaldo Cesar Dos Santos, Edison Silva da Cruz y Andy David Izquierdo Ibacache, son los que participación en forma directa en la decapitación de los reos integrantes del Clan Rotela, por ende los 40 años de cárcel que se ha solicitado para los mismos.

Entre las evidencias expuestas durante la sustanciación y desarrollo fueron presentados también videos inéditos, relacionados al caso que expusieron las filmaciones del día del hecho donde los autores se grabaron mientras quemaban vivos a algunas de las victimas.

Estas 24 personas fueron acusadas del presunto hecho punible de homicidio doloso, ocurrido en el Penal de San Pedro, el 16 de junio del 2019 y derivó en una masacre, donde fueron decapitados nueve reclusos, tras el conflicto entre miembros del PCC y Clan Rotela.

Los acusados son: Fredy González Delvalle, Oscar Diosnel Villar Bobadilla, Vagner Alexandre Knorst, Leonardo Alfonzo López Carballo, Lorenzo Benítez Sosa, Junior Rolando Báez Garcete, Cristobal Gamarra Martínez, Eligio García, Odair Mateus Cardozo, Celso Luis Alvarenga, Blas Antonio Villalba Sosa, Edilson Silva Da Cruz, David Andi Izquierdo Ibacache, Jorge David Centurión, Víctor Manuel Roa.

Armando Cáceres Cañete, Ronaldo César Dos Santos, Roger Darío Delgado Molina, Hugo Vera Benítez, Christian Mareco, Andrés Rafael Escurra Mancuello, Hugo Ramón Pizzurno, Nicolás Salvador Muños Ramírez y Arturo Emanuel Ávalos López.

El inicio del juicio oral y público se vio dilatado en varias ocasiones, debido a que el Tribunal de Sentencia fue recusado y posteriormente también los fiscales de la causa.

Así mismo el presente juicio se desarrolló bajo medidas de extrema seguridad por la alta peligrosidad en atención a que los acusados son considerados como miembros de la organización criminal “PCC”, por lo que es llevado a cabo en la Agrupación Especializada de Seguridad de la Policía Nacional.

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