En la tarde de este lunes se confirmó el otorgamiento de medidas alternativas a la prisión para Néstor Zárate, funcionario judicial que fue aprehendido días atrás en la Plaza De La Justicia tras una denuncia de presunto soborno a cambio de alzarse con un cheque de Ramón González Daher.
El documento emitido por el Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos estableció la prohibición de cambio de domicilio, como así también de número telefónico, tampoco podrá salir del país, prohibición de acercarse a la sede del Poder Judicial y caución juratoria. En caso del incumplimiento de estas disposiciones se procederá a la revocatoria, refiere parte del oficio judicial.
Zárate Lovera fue imputado por soborno agravado por los fiscales Osmar Legal y Alma Zayas, en respuesta a la denuncia del juez Rolando Duarte, quien tiene bajo su custodia alrededor de 80 cheques que son evidencias de los manejos usurarios de Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel.
De acuerdo al relato de un funcionario del juzgado a cargo de Duarte, Zárate le ofreció 500.000 a cambio de un cheque en específico, acto seguido el funcionario informó a su superior y luego se dio participación a la Corte Suprema y luego al Ministerio Público.
A través de mensajes vía whatsapp del número 0981961492, ambos funcionarios mantuvieron una conversación, donde Zarate le habría solicitado fotos de la acusación y además, habría enviado foto del cheque al que tendría intenciones de acceder, que fuera presentado en el marco de la causa 6623/21, a fin de que el funcionario de Garantías 9 ubique el cheque.
De esta manera se montó el operativo que derivó en la aprehensión de Zárate como también de Cristian Balbuena Cabrera, de profesión abogado de cuyo poder se incautaron dos armas de fuego.
Tras su aprehensión, fue derivado a la Fiscalía de Delitos Económicos donde prestó declaración e identificó al abogado José León Avalos Chávez, como la persona que le pidió hurtar dichos cheques. A raíz de esta información, el Ministerio Público libró orden de detención contra el profesional por presunto tráfico de influencias.
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