El juez Humberto Otazú rechazó la reposición planteada contra la contra la providencia del 15 de abril del 2024, que recibe la acusación y convoca audiencia preliminar para el exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, acusado por lesión de confianza.
De esta manera, del exministro como los demás acusados deberán comparecer a partidos del próximo 7 hasta el 9 de mayo. Cabe recordar que los los abogados Tarek Tuma y Alcides Cáceres, recurrieron la providencia de fecha 15 de abril de 2024, en atención a que se encuentra pendiente de resolución la acción de inconstitucionalidad, este se encuentra regulada por el Código Procesal Civil en sus arts. 550 y siguientes.
Otazú argumenta que n este sentido analizando lo dispuesto en el art. 559 del C.P.C tenemos que la interposición de la acción tendrá efecto suspensivo cuando se tratare de sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de tal, y que en los demás casos no tendrá ese efecto, salvo que a petición de parte la Corte Suprema así lo dispusiere.
“Es así que los autos interlocutorios atacados por la vía de la acción de inconstitucionalidad, no poseen la fuerza de sentencia definitiva, tampoco existe medida cautelar dispuesta por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por lo que el pedido de la defensa deviene improcedente, y al solo efecto dilatorio”
Descartó además que la providencia recurrida disponga alguna violación constitucional “ni vicios o defectos susceptibles de configurar causales de arbitrariedad que ameriten la procedencia del presente recurso, pues el Juzgado ha realizó conforme a las facultades discrecionales que la Ley otorga a los Jueces Penales de Garantías”, apunta Otazú
Antecedentes
“Para el Ministerio Público no existe duda de que los acusados cumpliendo funciones administrativas y teniendo como obligación asumida la protección de los intereses patrimoniales del Estado paraguayo, en el caso de Ramón Jiménez Gaona, ejerciendo la función de ministro en el periodo 2013 al 2018; en el del señor Guillermo Alcides Alcaraz Reinsinger, el cargo de gerente de proyecto “Programa de Reconversión del Centro, Modernización del Transporte Público y Oficinas del Gobierno”, periodo de los años 2017 al 2018 y la señora Marta Regina Benítez Morínigo, viceministra de administración y finanzas del Ministerio de Obras Públicas, en el periodo 2016 al 2018, no cumplieron con sus roles de contralor, de planificar, coordinar y controlar específicamente la ejecución contractual del programa, en el marco de la contratación de la construcción del sistema troncal, Metrobús”, refiere la acusación.
Durante 2013 a 2018, dentro del marco del proyecto Metrobús, no protegió el patrimonio del Estado y generó el pago de 29 certificaciones por un valor de US$ 29 millones, por una obra inconclusa, que no sirve para el beneficio de la ciudadanía”, enfatiza la presentación fiscal.
