Luego de la lectura del pronunciamiento oficial de la Corte con relación al atentado sufrido por dos juezas, cuyas casas fueron baleadas la semana pasada, los ministros “debatieron” sobre como enfocar la lucha contra el crimen organizado. Se hicieron discursos como siempre, que son absolutamente insuficientes, para combatir la delincuencia. Es necesario pasar a la acción, lo cual se traduce en el control estricto de la actuación de los magistrados, en especial en las causas donde se dictan resoluciones complacientes con acusados por narcotráfico, lavadores de dinero y otros. En la plenaria de ayer, ni un ministro mencionó el caso del presunto narco, Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña. Nadie se preguntó si le pena mínima es de 10 o 5 años, para que haya sido beneficiado con el arresto domiciliario. O porque, en cinco años no se hizo la preliminar y quienes son los responsables.
Los fallos complacientes dictados por el Poder Judicial, en muchos casos con la complicidad del Ministerio Público, alientan el crimen organizado en nuestro país. El combate a la delincuencia organizada, con vínculos internacionales, se enfrenta con operadores de justicia valientes y honestos. Con magistrados y fiscales que se someten al poder económico de estas bandas se alienta que las mismas se instalen en Paraguay, en donde les resulta fácil lavar el dinero de origen ilícito por los controles preventivos casi nulos, a los cuales se suma una justicia exageradamente benevolente.
En esta lucha es clave la actuación de la Corte, si los ministros “hacen la vista gorda”, como esta ocurriendo, a las actuaciones sospechas de muchos magistrados, el crimen organizado avanzará.
Caso Cucho
Uno de los casos recientes, que se registró la semana pasada, es el de Reinaldo Javier Cucho Cabañas, que obtuvo su arresto domiciliario la semana, con el argumento del cumplimiento de la pena mínima por tráfico de drogas, que es supuestamente cinco años. Sin embargo, la calificación vigente era la de la imputación que fue por tráfico internacional de drogas, con una pena mínima de diez años. Incluso así lo consideró en mayo pasado, el juez Miguel Palacios, cuando ratificó la prisión, pero que sospechosamente la semana cambió radicalmente de postura al reducirle a cinco años.
En la plenaria de ayer, ni un ministro se ocupó de este tema. Nadie si quiera mencionó. Por lo menos, se esperaba que los integrantes del alto tribunal se preocupen para despejar las dudas que surgen y que no se da en un caso cualquiera, sino en el del narcotráfico, en donde el poder económico de los involucrados lo compra todo.
Entonces, no da gusta escuchar los discursos, en donde se dice que se quiere combatir el crimen organizado, cuando en la práctica los ministros evidencian una absoluta desidia con relación a las actuaciones posiblemente irregulares de los jueces. (En casos de lavado, incluso hay fallos complacientes de la Corte).
La ciudadanía no es tonta, no cree cualquier cosa y eso está demostrado cuando la mayor parte de ella no cree en el Poder Judicial y además justificadamente.
Caso Cachorrao
El otro caso es el del Tribunal de Sentencia que liberó a Waldemar Pereira Rivas, alías Cachorrao. La Corte, con base a una auditoría, había ordenado una investigación preliminar a las juezas Mirna Carolina Soto, Carmen Silva Bóveda y Ana Graciela Aguirre. Las mismas absolvieron el presunto implicado en el crimen del periodista Leo Veras y presunto miembro del PCC.
Se desconoce el resultado de la investigación preliminar ordenada por la Corte. Entonces, ¿se puede creer en el discurso de los ministros?
La absolución fue anulada por la Cámara de Apelaciones que ordenó un nuevo juicio oral y público.
Los miembros del nuevo Tribunal de Sentencia integrado por la jueza Marcelina Quintana de Acosta, Mario Francisco Peralta y Mirna Carolina Ocampos Benítez, declaró la rebeldía y ordenó la captura de Cachorrao al no presentarse al nuevo juicio.
En la madruga del sábado pasado, dos personas a bordo de una motocicleta balearon la casa de una de las juezas, Ocampos de Ramírez.
Estos son apenas dos ejemplos, de los muchos fallos complacientes con el crimen organizado, ante los cuales la Corte “hace la vista gorda”.
