El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura hizo un relevamiento de la situación de las personas aprehendidas en el marco de las manifestaciones contra el supuesto fraude electoral, ocasión en que exhibieron indicios de presunta extralimitación de funciones policiales en el cumplimiento de su deber.
El relevamiento va desde el 1 hasta el el pasado 7 de mayo, es decir desde el inicio de las movilizaciones masivas en zona del Tribunal Superior de Justicia Electoral, como también en otros puntos de la república donde se produjeron cierres de rutas.
“Durante las noches 1, 2 y 3 de mayo se han dado situaciones que llevaron a la intervención policial y de aprehensiones masivas, indiscriminadas que, según el relevamiento realizado por el MNP, varias de las 20b personas privadas de libertad no habían participado directamente de las manifestaciones, sino que se encontraban saliendo de sus trabajos, otros eran repartidores (deliverys) y hasta conductores de distintas plataformas (Bolt, Uber, etc.). ”
“A partir de la entrevistas realizadas por el MNP, ante la orden de avanzar y muchas veces dispersar las manifestaciones, se habría recurrido a perseguir a los manifestantes y detener a varias personas sin distinguir entre los sujetos de acción violenta, los manifestantes pacíficos, transeúntes que se encontraban pasando por el lugar o trabajadores de plataformas que esperaban clientes”.
“Las aprehensiones en masa evitan la identificación y responsabilidad individual de los que hayan obrado de manera antijurídica y conlleva a futuro un problema objetivo para la justicia, que es determinar que cada una de las personas que fueron detenidas deben ser señaladas por un hecho específico, en un lugar determinado, y se debe contar con la convicción suficiente para sustentar las manifestaciones fácticas de la policía.”
Con respecto a la situación de los aprehendidos en lugares de reclusión como el Departamento Judicial como en el cuartel de la FOPE, varios entrevistados afirmaron ser víctimas de apremios físicos y psicológicos.
“Recibieron golpes de puno, a nivel de rostro, espalda y, una vez tendidos en el piso los efectivos policiales los pisaban con sus botas en la cabeza. Esto último también ya con personas reducidas y a bordo de patrulleras. Una de las personas detenidas de más de 65 años señaló que se encontraba en compañía de un amigo en una bodega cercana a las inmediaciones y no se encontraba participando m siquiera de la manifestación, al lugar llegaron dos personales policiales con escopeta y les apuntaron, y les llevaron sin motive, en el camino uno de los policías le dio un golpe en la frente con la cachiporra.”
Durante las entrevistas se pudo constatar que 14 personas del total de los detenidos presentaban lesiones a simple vista, en zonas de rostro. costilla, espalda, pierna, algunas con impacto de balines de goma, de los cuales una de ellas recibió más de 22 impactos en la zona de la espalda.
De las entrevistas se pudo relevar además que, al llegar al departamento de judiciales, las personas sufrieron requisas y obligadas a entregar sus pertenencias personales como ropas, calzados deportivos, mantas, celulares, dinero en efectivo (desde 50.000 hasta 400.000 Gs).
Refirieron que sus objetos fueron colocados todos en una manta, y les devolvieron sus cosas una vez que los ingresaron a una celda con otras 100 personas, y que, al tirarles la manta, las demás personas privadas de libertad les sustrajeron todas sus pertenencias.
Otra situación relevada es la del derecho a la alimentación, este no se encuentra garantizado a las personas que se encuentran en ese lugar. Los entrevistados señalaron que el alimento es responsabilidad individual, y que la misma depende de lo que uno tenga o alguien le comparta, y sus familiares le puedan acercar.
Ante estos indicios, el MNP emitió una serie de recomendaciones a la Policía Nacional a fin de que rija sus acciones bajo el principio de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad, de manera a no alterar y atentar contra el derecho constitucional de reunirse y de manifestarse.
Abrir una investigación imparcial para identificar y sancionar a los efectivos policiales que han abusado de la fuerza pública y han violentado a manifestantes, como así también adecuar sus protocolos y manuales a los principios y normativas internacionales, respetando el derecho a la ciudadanía a manifestarse.
Ministra pide cautela a fuerzas públicas
La Defensora General, Lorena Segovia, enfatizó que toda actuación del Estado que implique uso de la fuerza debe ser proporcional, racional y conforme a la necesidad; en contexto de manifestaciones, los estándares de uso de la fuerza deben tender a garantizar el derecho a la manifestación, al libre tránsito; en caso necesario, se debe proceder a neutralizar la violencia, no a un uso excesivo de la fuerza cayendo en ilegalidades y como Estado democrático eso no debe ser negociable en ningún contexto.
