La doctora Claudia Criscioni apuntó que para combatir a la corrupción y el crimen organizado se necesitan leyes que permitan el uso de técnicas modernas de investigación, que no están previstas. “Necesitamos leyes procesales”, apuntó la camarista. “La prueba electrónica es fundamental que tiene que ser estandarizada, porque también hay que controlar esto y luego necesitamos mejorar estas leyes que están relacionadas al tema de los partidos políticos y el financiamiento. Necesitamos una batería nueva de leyes vinculadas también a delitos económicos”, alegó la brillante magistrada.
-Estamos con la doctora Claudia Criscioni, integrante del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado. ¿Es así Doctora?
“Así mismo, es un Tribunal que se va a conformar por primera vez, porque es exclusivo, y ahora vamos a estar orientados a las dos especialidades, porque son en realidad cuestiones distintas. Muchas veces esto no se ve, pero un tema es el de delitos económicos como tal y otro el de crimen organizado. Son hechos punibles específicos distintos, que tienen en realidad también especificidades con relación a los elementos del tipo y cuestiones como estas, técnicas especiales de investigación y todo esto. Para mí es un desafío nuevo el tema del crimen organizado, porque yo toda la vida estuve en Delitos Económicos y esto, claro, va a ser nuevo para mí”.
-Ahora, lo que usted dijo, que ya tiene experiencia en esa lucha contra la corrupción… ¿Cómo ve usted el avance, tanto de la corrupción como el crimen organizado en nuestro país?
“Al final, si bien es cierto, no es lo mismo como había dicho, pero parece ser que al final o por lo menos desde los casos que han surgido y un caso que a mí que me parece sumamente emblemático como sumamente importante es el de “A Ultranza”. Entonces, te das cuenta que está conectado la cuestión del crimen organizado con, finalmente, los delitos económicos y el puente es el tema del lavado de activos. Porque el crimen organizado, lavado de activos, a partir de el, y luego esto está vinculado otra vez con la corrupción pública y después con el financiamiento de partidos políticos y todo esto que es lo que en el mundo justamente se busca transparentar, se busca perseguir, y por eso es cada vez más internacional el tema. Por eso lo que había comentado contigo siempre, nosotros lo que necesitamos desde el tema legislativo, son leyes que nos permitan técnicas modernas de investigación que no están previstas, solamente hay unas pocas y para leyes especiales, pero realmente como se ve, esto es transversal, y va a todos los ámbitos y fíjate que esto es lo que demostró ese caso “A Ultranza”.
-Y ¿qué tipo de leyes, por ejemplo, necesitaríamos para esas técnicas especiales de investigación?
“Necesitamos leyes procesales. Yo había hecho ya, había participado el año antepasado en un proyecto con expertos de la Unión Europea en técnicas especiales y medios de prueba informáticos, que es lo que necesitamos todos. La prueba electrónica es fundamental que tiene que ser estandarizada, porque también hay que controlar esto y luego necesitamos mejorar estas leyes que están relacionadas al tema de los partidos políticos y el financiamiento y necesitamos una batería nueva de leyes vinculadas también a delitos económicos en el sentido de que nosotros no tenemos, por ejemplo, tenemos el cohecho tradicional, tenemos el cohecho privado, pero hay otros tipos de cohecho que en el mundo o por lo menos en Europa y en todos los países ya han sido previstos y a nosotros nos falta. Es decir, claro, me puedes decir: “Bueno, Claudia, pero tenés tantas leyes que no se cumplen, ¿y querés más?” No, lo que quiero es establecer bases sólidas para poder aplicar, porque si ni siquiera tenés la normativa; entonces por ahí se te escapa con la excusa de “no, pero esto no está previsto” que en un Estado de Derecho así funciona.
“Entonces, me parece que eso es lo primero que tenemos que ver y luego, vos sabes perfectamente cómo funciona esto. En realidad, el Poder Judicial tiene la obligación en nuestro sistema de juzgar, pero claro, juzgar y de la nada no sale nada. El Ministerio Público es el que tiene la mayor carga, el peso, en el sentido de que tiene que hacer investigaciones, tiene que hacer investigaciones financieras, patrimoniales, económicas, no se puede quedar siempre en lo primero y no ir ahondando. Eso es lo que falta. Nos falta, esto surgió también del análisis del Gafilat, nos faltan investigaciones como justamente la de “A Ultranza” y otras, pero en donde no te quedes con el auto lavado, sino que vayas mucho más allá, para poder realmente estas redes, hacer que caigan, no hay de otra”.
-Tenemos esa debilidad en ese punto y ¿nos falta mucho todavía por avanzar en ese sentido?
“Sí, a mí, me parece que sí. Es decir, tenemos una pata normativa que nos falta y nos falta esta porque tenemos que nivelarnos con la normativa internacional, o sea, esto es fundamental. Pero luego también nos falta, desde lo que ya tenemos, nos falta el empuje, o sea, nos falta la cuestión humana, no sé cómo lo explicarías mejor. Es decir, que los intervinientes tengan conciencia de que esto es sumamente complejo, de que en primer lugar necesitan preparación, pero además de esto hay que hacer las investigaciones, se tiene que hacer el trabajo”.