El juez Julián López ofició a la Dirección de Registros Públicos, Registro del Automotor y Senacsa sobre las medidas cautelares dictadas por el juzgado con relación al acusado Eduardo Fernando De Oliveira Moleirinho. Sin embargo, no tomó ninguna determinación sobre la persona jurídica Lusipar Agroganadera, en la cual el procesado tenía acciones por G. 18.100 millones. El 3 de agosto de 2018, la fiscala Lorena Ledesma le había pedido al magistrado que disponga el embargo y la inhibición de vender y gravar sobre los 11 mil vacunos que había en la estancia Lusipar y que eran de propiedad de la firma con el mismo nombre. Entre los días 17 y 18 de enero, como no había medida cautelar, la empresa obtuvo la guía de traslado de Senacsa para vender más de 10 mil animales de la estancia narco. Solo 600 se entregaron a Senabico para su administración.
El juez López había hecho lugar a las medidas cautelares solicitadas por la fiscal Elva Cáceres en su requerimiento N° 293 del 26 de julio de 2018. En consecuencia, el magistrado decretó el embargo preventivo sobre todos los bienes muebles e inmuebles de Eduardo Fernando De Oliveira Moleirinho. Igualmente contra suma de dinero o títulos de créditos o valor colocados en entidades financieras hasta cubrir la suma de G. 2.000 millones. También decretó la inhibición de vender y gravar bienes y libró oficios a Registros Públicos, Registro del Automotor, Superintendencia de Bancos y a Incoop.
El 3 de agosto de 2018, la fiscala Lorena Ledesma por requerimiento número 309 le pide a López que disponga la inhibición general de vender y gravar sobre los bienes de Lusipar Agroganadera, ya que la investigación del Ministerio Público permitió conocer que Moleirinho tenía el 75 por ciento de las acciones, lo que representaba G. 18 mil 100 millones. Además, concretamente sobre los vacunos de la sociedad y del acusado Moleirinho.
El 7 de agosto de 2018, notificó a Ledesma que dispuso que se libren los oficios a Registros Públicos, Registro del Automotor y a Senacsa. Si embargo, acá se da una situación sospechosa, ya que el juez reitera a las referidas instituciones lo que había dispuesto con relación a la persona física de Moleirinho. El magistrado ignoró la inhibición de vender y grabar que le había solicitado Ledesma con respecto a la persona jurídica Lusipar.
De esta manera, abría quedado allanado el camino para que el propio Moleirinho solicite a Senacsa y obtenga las guías de traslado para vender más de 10 mil vacunos de la estancia Lusipar y a nombre de la empresa de la cual era el principal accionista.
