Los auditores manifestaron que es inviable determinar la existencia de documentos (pagarés) ejecutados en más de una ocasión y/o en más de un Juzgado, debido a que el Juzgado de paz de San Roque no cuenta con un sistema electrónico que permita una verificación eficiente.
En ese sentido, recomiendan la implementación de un sistema electrónico de gestión judicial centralizado, que permita registrar, consultar y rastrear todos los documentos judiciales (pagarés) de manera digitalizada, asimismo una mejor organización y acceso a la información sobre los documentos judiciales. Esto facilitaría la verificación de su ejecución en diferentes Juzgados y evitaría posibles irregularidades. Exhortar a los afectados si los hubiere, a través de los canales oficiales de comunicación de la Corte Suprema de Justicia a presentar sus denuncias ante las autoridades competentes, acompañadas de la documentación necesaria que avalen dicha situación.
También recomiendan que la remisión del presente informe a la Superintendencia General de Justicia y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con relación a las actuaciones procesales de la Magistrada Liliana González de Britot. En relación los Actuarios Judiciales Liz Mabel Ortiz y Miguel Rolón y los Oficiales de Justicia Héctor Noguera y Oscar Frutos, la remisión del presente informe a la Superintendencia General de Justicia y con relación a las actuaciones procesales de los ujieres notificadores Rodrigo Benegas y Heber Cardozo, remitir el presente informe al Ministerio Público y a la Superintendencia General de Justicia a sus efectos.
“Nadie tiene que, por su ignorancia, sufrir un perjuicio patrimonial, ni ser engañado”
“Nadie tiene por qué aprovecharse de la ignorancia de nadie y nadie tiene por qué por su ignorancia sufrir un perjuicio patrimonial. De hecho, la
