El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas, Elsa García, Yolanda Morel, Juan Pablo Mendoza fijaron para el próximo 6 al 10 febrero 2023 el juicio para Justo Ferreira y su hija Patricia, por supuesto contrabando de camas hospitalarias, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
En julio pasado debió realizarse la audiencia pública, pero se trabó porque Justo Ferreira recusó a los magistrados. Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de Imedic SA, respectivamente, están acusados por Asociación Criminal, Contrabando, y Producción de Documentos no auténticos. Se habla de maniobras e injerencia política para blanquear el negociado ocurrido durante la pandemia.
El caso se dio a conocer tras el escándalo de irregularidades en la provisión al Ministerio de Salud de insumos que no cumplían con las especificaciones. Esto ocurría solo dos meses después de declararse la cuarentena por el Covid-19.
El 21 de mayo del 2020, nueve diputados habían presentado la denuncia contra Imedic SA y Eurotec SA y lo hizo también el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, tras el informe final de la Contraloría General de la República, en donde supuestamente encontraron alrededor de trece irregularidades.
El Ministerio de Salud había realizado la contratación con urgencia de mascarillas quirúrgicas, camas y trajes de protección, que iban a usarse durante la emergencia sanitaria.
Como evidencias se adjuntó también el informe de la Comisión de Supervisión de Compras Covid (CESC) en donde se comprueba la gravedad de adquisiciones de insumos sanitarios sin cumplir con las bases y condiciones, además de que varios llegaron al país sin las etiquetas en las cajas.
Los fiscales del caso, Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia Ovando presentaron su acusación en enero del 2021 al clan Ferreira y a Carlos Gamarra por los hechos ya citados.
Además de ellos, están acusados Guillermo Andrés Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, por colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de aduanas.
Padre e hija están con arresto domiciliario desde el inicio del proceso penal.
Antecedentes
En julio del 2021 el juez Humberto Otazú elevó a juicio oral y público el proceso penal del clan Ferreira. La determinación del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia preliminar. Esta resolución judicial fue apelada por la defensa de los procesados y en septiembre del mismo año el Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Gustavo Santander, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín ratificó que Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y otros procesados deberán enfrentar un juicio oral y público.
