Un Tribunal admitió el recurso de apelación presentado por el abogado Diego Tuma, en representación del imputado Francisco Delosanto Ayala, pero confirmó lo dictado por la jueza Montania, quien decidió no hacer lugar al incidente de revocatoria del auto de prisión preventiva. El mismo está imputado por el delito de lavado de dinero producto del narcotráfico.
El Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, admitió el recurso de Apelación General interpuesto por el abogado Diego Andrés Tuma Bogado, en representación de Francisco Delosanto Ayala contra el A.I. N 235 de fecha 22 de agosto del 2022 dictado por la Juez Rosarito Montanía de Bassani.
Asimismo confirmó lo dictado por la jueza Montanía, quien decidió no hacer lugar al incidente de revocatoria del auto de prisión preventiva, planteado por la defensa.
El prevenido se halla privado de libertad en virtud a una orden de prisión preventiva desde el 29 de octubre del 2021, no habiendo cumplido, a la fecha, la pena mínima establecida en la ley para ser favorecido con beneficio legal
El Ministerio público sostiene que el imputado sería el encargado de la logística para el tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes, desde un establecimiento, lugar en el que la organización criminal coordinaba las actividades ilícitas desde el Departamento de Canindeyú hasta Brasil.
Antecedentes
La fiscala Lorena Ledesma imputó a Narciso Ayala, Ninfa Villasboa Chamorro, Francisco Delosanto Ayala, Diedier Ramón Ledesma, Sirio Eudes Riquelme, Pablo Alberto Martínez y Carmen Jazmín López por el delito de lavado de dinero producto del narcotráfico. El presente proceso penal es en el marco del Operativo Jerjes, donde se realizaron 17 allanamientos en Salto del Guairá.
De acuerdo al acta de imputación, Narciso Ayala creó una organización criminal que se dedicaría al transporte de cocaína desde Perú o Bolivia hasta el territorio nacional, específicamente el departamento de Canindeyú, y de este lugar a la República Federativa del Brasil y a países europeos, así como envíos de marihuana a Chile.
Asimismo, el documento del Ministerio Público refiere que Ayala habría utilizado para integrar al sistema económico nacional los beneficios obtenidos del tráfico de drogas a varias personas de su entorno familiar y allegados, quienes figuraban como prestanombres y accionistas de empresas de fachada, así como titulares de inmuebles y vehículos, quienes fueron identificados como Ninfa Villasboa Chamorro, Francisco Delosanto Ayala, Didier Ramón Ledesma, Sirio Eudes Riquelme Bazán, Pablo Alberto Martínez Croessinger, alias “Tito”, y Carmen Jazmín López Florentín.
