La Senad y el Ministerio Público, junto con autoridades de Brasil y Estados Unidos lleva adelante el operativo “Dakovo” que apunta a desmantelar una red de tráfico de armas que tiene como centro a Paraguay, desde donde se comercializa a los grupos criminales más peligrosos de Brasil.
La acción se realiza de forma simultánea sobre toda la cadena de valor de la organización criminal, desde la empresa y sus vendedores, el órgano rector para importación y venta en nuestro país que es la DIMABEL, hasta los intermediarios que hacen de nexo con las estructuras criminales del país vecino.
En Paraguay se desarrollan desde tempranas horas 20 allanamientos, tanto en central como en Alto Paraná, igual cantidad en Brasil, en 6 estados, y 1 allanamiento en Kansas, Estados Unidos.
La empresa International Auto Suply (IAS) con asiento en Asunción, es la principal en la mira, cuyo presidente Diego Diriso, de nacionalidad argentina. También es investigada su pareja Julieta Nardi, quienes serían los líderes de la estructura criminal. También figuran como objetivos de captura varios de sus colaboradores y vendedores.
Entre los sitios allanados en nuestro país también se encuentra la Dimabel, donde varios militares, algunos de alto rango, forman parte de la lista de personas a ser detenidas por su supuesta implicancia en la red de tráfico.
En un periodo de dos años, los investigadores lograron determinar la activa participación de los mismos en la autorización irregular para la importación de armas, alteraciones documentales para ajustar a la Ley de armas así como autorizaciones para las ventas irregulares a cambio de grandes sumas de dinero por parte de la empresa en cuestión, entre otras maniobras.
Así también se realizan intervenciones a varias viviendas y supuestos locales de «caza y pesca», tanto en Asunción como Ciudad del Este.
ASI OPERABAN
De acuerdo a las investigaciones, Auto Suply, mediante sus conexiones con DIMABEL, importaban armas procedentes de Croacia, Eslovenia y República Checa. Las mismas recibían rápidas autorizaciones para la importación y posterior venta.
Los lotes de armamentos eran adquiridos por intermediarios con conexiones directas con facciones criminales en todo el Brasil; para justificar las supuestas transacciones se simulaban pequeñas ventas de 2 a 3 armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchos de ellos empleadas, jornaleros o estudiantes. En algunos casos, estos recibían pequeñas sumas de dinero por acceder a la maniobra, y en otros eran utilizadas sus identidades sin consentimiento.
Antes de enviar al Brasil, se procedía al borrado de los números de serie de las armas para evitar el rastreo y trazabilidad. Desde el año 2012, dicha empresa ya importó 25.000 armas que supuestamente fueron vendidas en nuestro país, sin embargo van a parar a los polos de violencia del crimen organizado en Brasil y toda la frontera.
De manera a que los pagos no sean rastreados, la estructura criminal hacía uso de «doleiros» que operaban interconectados entre Paraguay y Estados Unidos. Los mismos «pulverizaban» grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones menores a 5 mil dólares en diferentes cuentas que finalmente volvían a agruparse para realizar los pagos desde Estados Unidos.
