El exgobernador de Presidente Hayes y exdiputado por la ANR, Oscar Núñez, solicitó a la Cámara de Apelación que anule la condena de 11 años de cárcel que le fue impuesta en un juicio oral. En su escrito, critica toda la sentencia del Tribunal presidido por Elsa García e integrado por Claudia Criscioni y Cándida Fleitas. Pide a la Cámara que disponga su sobreseimiento definitivo por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, por prescripción; y ordene la realización de una nueva audiencia pública por el delito de administración en provecho propio.
En la propuesta de solución, la defensa de Núñez puntualiza que “como se vio, lo apuntado no implica una revaloración de las pruebas producidas, sino que las mismas jamás pudieron llevar al convencimiento judicial condenatorio, conforme a las reglas de la sana crítica, y la fundamentación deficiente del Tribunal la hace arbitraria e infundada, conforme lo visto”.
“Y en varios aspectos se afectó la congruencia entre el auto de apertura a juicio y la sentencia con relación a la inexistencia de los hechos asentados en aquella, confusión en cuanto a los recesos y suspensiones, con la acreditación del agravio concreto acontecido en la parte final de la jornada del 6 de febrero de 2023 y del 8 de febrero de 2023, la prescripción parcial de los hechos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, de acuerdo con la causa Nº 30/2014, la falta de competencia funcional del Tribunal de Sentencia, pues había decisiones pendientes de resolución, la auto atribución de resolver por sí y ante sí un recurso de reposición que no fue dictado por dicho tribunal. A más de ello, la afectación de la garantía judicial del recurso, pérdida de imparcialidad con relación a las preguntas de cargo y las aseveraciones al tiempo de la audiencia de juicio que denotaban un sesgo particular y pre opinión con relación al fondo del caso (sin que se haya leído el auto de apertura a juicio), afectación a las reglas de la sana crítica, ausencia de elementos para configurar los tipos penales, fundamentación deficiente en cuanto a la determinación de la pena, a más de las inconsistencias verificables comparando las grabaciones del juicio, disponibles en fuentes oficiales del Poder Judicial con el acta de juicio, hacen que la decisión deba ser anulada por completo”, apunta la defensa en el extenso escrito de apelación de la condena.
“Finalmente, la pena impuesta no se encuentra motivada según el alcance del artículo 65 (con una lectura integral), con una doble valoración de las circunstancias del tipo, lo cual está prohibido, y los argumentos utilizados hacen lucir con claridad una equivocada determinación de la pena y una interpretación en perjuicio del procesado”, agrega la defensa.