La jueza Alicia Pedrozo otorgó el arresto domiciliario a María Luján Aguilera Chaparro, enfermera del IPS imputada por supuesta venta de cargos y recategorizaciones, quien cayó durante una entrega vigilada, procedimiento en el cual habría tragado el chip de su teléfono, con el fin de eliminar evidencias.
Su defensa solicitó la aplicación de medidas sustitutivas con base en documentos que demuestren su arraigo, alegando que queda desvirtuado el peligro de fuga, argumento que fue utilizado para decretar su prisión preventiva.
En su análisis, la jueza Pedrozo sostuvo que, con base en los documentos presentados por la defensa, considera prudente que la imputada sea beneficiada con la medida sustitutiva de arresto domiciliario.
Le aplicaron también las siguientes medidas: obligación de comunicar al Juzgado el cambio de cualquier otro dato relevante de su persona, como ser número de teléfono; obligación de comparecer a la Audiencia Preliminar cuando sea convocada, caución personal de G 400.000.000 y caución real sobre un inmueble ubicado en Luque, hasta cubrir la suma de G. 224.700.000; prohibición de acercarse a todas las oficinas del IPS, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento de alguna de las medidas, las mismas serán revocadas.
La funcionaria fue detenida en enero pasado durante un procedimiento de entrega vigilada del cual participó una de las personas denunciantes y que permitió exponer la organización de una estructura que presuntamente exigía fuertes sumas de dinero por puestos y recategorizaciones en el IPS. Durante dicho procedimiento, la funcionaria habría tragado su tarjeta SIM (chip) y reseteado su teléfono, según informó una de las fiscales del caso, Sandra Ledesma.
