El Juez Penal de Garantías de Delitos Económicos decidió hacer lugar a la aplicación de las medidas alternativas a favor del procesado, Mariano Silva Busto, quien fue beneficiado con libertad ambulatoria con ciertas reglas de conducta.
Las mismas son: Prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del Juzgado; la obligación de comparecer del 1 al 10 de cada mes ante el Juzgado a fin de firmar el libro de comparecencia. Además la prohibición de cambiar el número telefónico proveído al juzgado.
También está obligado a comunicar al Juzgado en caso de salida del país con 5 días de anticipación, debiendo indicar la fecha de salida y la de regreso. Asimismo, se debe informar al Juzgado luego de 3 días del ingreso al país.
La defensa ofreció como fianza un inmueble valuado en la suma de G. 800.000.000 de guaraníes.
Antecedentes
El Ministerio Público, formuló imputación en fecha 06 de enero de 2022 contra de Raul Mariano Silva Busto, por la supuesta comisión de los siguientes tipos penales previstos dentro del Art. 192, 241, 305 y 312 del C.P, en la causa que investiga a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) por la supuesta lesión de confianza sobre la adjudicación de explotación de juegos de azar.
Raúl Mariano Silva Busto, sería exrepresentante del Ministerio del Interior ante Conajzar.
Los otros imputados son: José Ortiz (representante del Ministerio de Hacienda y presidente de la comisión); Carmen Alonso (titular de la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben); el exprocurador Sergio Coscia; Ricardo Núñez; Rubén Rousillón (representante de las gobernaciones); Omar Mongelos integrante en representación del Ministerio del Interior y Álvaro Wasmosy, representante de la firma TDP SA.
La Fiscalía sostiene que los acusados habrían concedido de forma irregular adjudicaciones de máquinas tragamonedas, de la quiniela y de otros juegos de azar. Según la imputación, “con respecto al control del funcionamiento de las tragamonedas, la irregularidad consistió en que se cedieron los derechos a una empresa privada, cuando por ley debería ser potestad de las municipalidades”.
La audiencia de imposición de medidas fue realizada el día 15 de septiembre del 2022.
