El extitular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Pedro Ferreira fue sobreseído en la causa que lo investigaba por los supuestos hechos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso en el marco de una licitación pública del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
La fiscal Stella Mary Cano había imputado a Ferreira por los supuestos hechos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso en el marco de una licitación pública del MOPC.
De acuerdo con el documento fiscal, el extitular de la ANDE presentó un certificado de trabajo falso como jefe de Obras y Encargado de la empresa T & C durante los años 2017 a 2020.
La abogada Bettina Legal, defensa de Ferreira, expuso que debido a que la querella no se presentó, solicitó que sea catalogado abandono de querella y pidió que tanto la denuncia como la querella, sean declaradas de mala fe y las costas.
“Ya la Fiscalía a cargo de la fiscal María Estefanía González había solicitado sobreseimiento definitivo de ambas personas del ingeniero Griñó y el ingeniero Ferreira hoy se plasmó eso en la audiencia preliminar”, sostuvo.
La fiscal reemplazante Estefanía González, fue quien solicitó el sobreseimiento definitivo de los imputados.
Antecedentes
El 8 de julio de 2021 la fiscala Stella Mary Cano de Woitas imputó a Francisco Grinó Guillén, presidente en ejercicio de la firma T&C por los hechos punibles de apropiación, declaración falsa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en tanto que al Ing. Pedro Agustín Ferreira por los delitos de producción mediata de documento público de contenido falso y uso de documento de contenido falso.
La firma Ingeniería de Topografía & Caminos SA (T&C SA) tiene dos grupo de socios, los Griñó (Francisco Griñó Guillén -FGG- y su esposa Gilda Verónica Troche), dueños del 50% de las acciones y los Lesme (Julio Lesme Vaché y su esposa Ana María Brun Zuccolillo), dueños del restante 50%.
En los hechos de la imputación se menciona que en la Asamblea General Ordinaria de T&C del 30 de junio de 2020, cuando se sometía cada punto del orden del día a discusión, existía un empate (50% a favor de los Lesme y 50% a favor de los Griñó), entonces, al haber empate, Griñó Guillén utilizaba el doble voto para desempatar a su favor.
Además, con el doble voto de Griñó Guillén aprobó el directorio a su medida y resolvió la emisión de acciones (G. 150.000 millones) y la integración de enormes sumas de dinero para cada accionista para el 30 de agosto, con esto lo que se pretendía era diluir la participación de los Lesme y tener una mayoría amañadamente ilegal, refieren los denunciantes que arrimaron los documentos a ABC, acompañados por los abogados Julio Paoli y Robert Monte Domecq.
La denuncia y posterior imputación refiere que el Grupo Griñó- Troche emitió acciones por G. 150.000.000.000 con el objeto de afrontar nuevos desafíos, todo eso contrariando a lo establecido en el estatuto de la firma T&C, donde Griño Guillén, ya habiendo emitido su voto como accionista tomó la palabra e invocando su calidad de presidente de directorio vuelve a emitir otro voto con el objeto de desempatar la votación, para así aprobar la emisión de acciones para permitir el ingreso a la sociedad de personas jurídicas y físicas del entorno de Griñó, quienes se hicieron presente de forma inmediata con sus respectivos aportes (Puerto Seguro Fluvial, Abog. Raúl Antola – Verónica Griñó, hija de Francisco Griñó), con la intención de despojar de sus legítimos derechos accionarios a la familia Lesme y así quebrar la paridad para tener el control exclusivo de la empresa T&C, según el escrito de la Fiscalía.
La imputación también hace referencia a la sospecha de que la empresa T&C SA se habría apropiado de la suma de G. 2.753.331.874 que le pertenecen a Julio Ramón Lesme Vaché, de lo cual se habría dejado constancia falsa en las declaraciones juradas y balances presentados a la SET.
De igual manera, las utilidades de los ejercicios fiscales de los años 2018, y 2019 correspondientes a la familia Lesme – Brun, que ascenderían a la suma de G. 17.536.865.554, no habrían sido percibidas, por decisión unilateral del denunciado Francisco Griñó Guillén, según el escrito de imputación.
