El juez Humberto Otazú otorgó el sobreseimiento provisional al exintendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala, imputado por supuesta lesión de confianza, caso derivado por la caída en dos ocasiones del polideportivo Remansito.
El juez penal de Garantías en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto Otazú, hizo lugar al Sobreseimiento Provisional solicitado por el agente fiscal, Abog. Armin Echeguren con relación al procesado Esteban Ríos Ayala.
“Observamos que el Ministerio Público no ha podido recolectar los elementos probatorios necesarios en la etapa preparatoria para sostener una eventual acusación de conformidad al art. 358 último párrafo del C.P.P en la presente causa, por lo que la solicitud de dicho requerimiento responde necesariamente a una situación objetiva de insuficiencia probatoria respecto a las características delictivas del suceso investigado y de la autoría y/o responsabilidad del imputado”, expresó dentro de su solicitud el abogado Echeguren.
Se agregó que al momento de realización de la audiencia, la defensa técnica del procesado Ríos Ayala se allanó al requerimiento fiscal de Sobreseimiento Provisional y ha ofrecido pruebas.
Las pruebas están constituidas por declaraciones testificales, prueba pericial, inspección ocular y pruebas documentales (fotografías agregadas en la carpeta fiscal e informe de meteorología del día del siniestro).
Se levantaron también las medidas impuestas a Ríos Ayala, que incluían la prohibición de salida del país, prohibición de acercarse a la municipalidad y establecer comunicación con funcionarios de la misma, además del embargo de bienes por G. 800 millones.
Antecedentes
El fiscal Alexis Takahashi imputó al exintendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala, por la supuesta comisión de un hecho punible de lesión de confianza, por la caída en dos ocasiones del polideportivo Remansito, Villa Hayes.
La administración de Ríos firmó en diciembre del 2019 un contrato por G. 833.970.000 con la firma “2A Constructora” para la remodelación del polideportivo, el que fue inaugurado el 15 de junio del 2020 con bombos y platillos; sin embargo, en menos de 15 días se derrumbó parte del tinglado.
El 30 de junio, sin motivo aparente, según la misma Fiscalía, colapsó una parte de la estructura y esta terminó desplomándose. La empresa constructora tuvo a su cargo la reparación del polideportivo, pero solo tres meses después, es decir el 30 de septiembre, nuevamente el polideportivo sufrió un derrumbe.
Cabe destacar que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió un informe en noviembre de 2020 en el que se menciona una serie de irregularidades, tanto en los pagos como en la construcción del polideportivo.
Por ejemplo, la contratante, en este caso la municipalidad, no presentó los documentos que respalden el pago del anticipo, tampoco se encontró documentación que determine si tal pago se efectuó o no, y ni siquiera se contaba con un plano ejecutivo de la obra.
Así también, no se remitieron certificaciones de la verificación de las obras y se constataron incumplimientos técnicos en la construcción del polideportivo. A su vez, la Municipalidad no proveyó documentos en los que se constate la resistencia de los aceros y hormigones que fueron utilizados. Estas son solo algunas de las 32 observaciones que hizo la DNCP.
Luego del primer derrumbe, los concejales habían pedido a la Contraloría General de la República (CGR) que realice una auditoría, puesto que ni ellos estaban al tanto de los pormenores del contrato.
