A casi diez meses de haberse presentado acusación, aún no pudo llevarse a cabo la audiencia preliminar para el exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, y la exviceministra Marta Benítez. La suspensión de hoy fue a pedido de la Fiscalía.
Esta mañana debía realizarse la diligencia, sin embargo fue suspendida ─sin nueva fecha establecida─ a pedido de los fiscales Giovanni Grisetti, Yeimy Adle y Natalia Silva argumentaron que necesitan acceder a copias de algunos CD para poder participar en la audiencia.
La primera vez que tuvo que realizarse la diligencia fue el 7 de abril de 2024, fecha fijada por el juez Humberto Otazú, sin embargo, la defensa presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio, causando así la primera suspensión.
En mayo, tras la incorporación de informes periciales por parte de la Fiscalía, la defensa interpuso un nuevo recurso similar el 16 de ese mes, argumentando objeciones sobre las pruebas presentadas. Este también fue rechazado mediante el Auto Interlocutorio N.º 128 del 28 de mayo. Nuevas fechas fueron fijadas para julio, pero un recurso de casación volvió a paralizar el avance del proceso.
Finalmente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible este recurso el 29 de julio.
En agosto, el caso volvió a postergarse debido a una recusación presentada por la defensa de Jiménez Gaona, alegando que el juez Otazú no había resuelto una solicitud para acceder a una copia de las pruebas. Esta acción derivó en la suspensión de las audiencias programadas para el 26 y 27 de agosto.
Entre las últimas estrategias de la defensa, se destaca la impugnación de la intervención de la Procuraduría General de la República, recurso que fue rechazado por el Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado. También se intentó atacar la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, lo cual fue igualmente desestimado.
Con estas maniobras, la audiencia preliminar quedó reprogramada para los días 4, 5 y 6 de febrero de 2025, cerrando así el 2024 sin que se lograra avanzar hacia el juicio oral.
El Ministerio Público acusa a los procesados de causar un daño patrimonial al Estado de G 180.030.528.699 (unos 25 millones de dólares) durante la gestión de Jiménez Gaona como ministro entre 2013 y 2018 y de Benítez Morínigo como viceministra y ministra interina entre 2016 y 2018. Las pruebas presentadas incluyen testimonios de frentistas afectados por las obras inconclusas, declaraciones de la Contraloría General y peritajes que refuerzan la acusación.