Gregorio «Papo» Morales recusó al Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Federico Rojas, Fabián Escobar y Juan Pablo Mendoza, obligando a la suspensión del juicio por el asesinato de Robert Fabián Marín.
Morales ingresó a la sala de juicios en silla de ruedas, empujado por personal de seguridad del Palacio. El Abg. Carlos Antonio Caballero, pidió al Tribunal de Sentencia asumir la defensa de «Papo» Morales y acto seguido solicitó la suspensión del juicio a fin de interiorizarse de la causa.
También manifestó que el acusado requiere la evaluación de un médico forense, debido a que padece de la enfermedad de Parkinson en cuarto grado y dado su condición, debe estar internado en un centro asistencial.
A su momento, el fiscal Hernán Galeano manifestó su oposición a la intervención del nuevo abogado, alertando que se trata de una práctica recurrente en instancias anteriores, con fines meramente dilatorios. Recordó que Morales ha sido apercibido y sancionado por litigante de mala fe.
A su turno, el Colegiado de Sentencia, rechazó la intervención del Abg. Carlos Antonio Caballero como defensa de Gregorio «Papo» Morales, quien estará representado en el juicio por el defensor público David Fretes.
Sobre el pedido de evaluación, el fiscal sostuvo que en numerosas oportunidades ya fue evaluado por profesionales médicos y aseguró que en todas ellas se constató que entiende los hechos que se le atribuye, incluso ejerció su propia defensa en la audiencia preliminar. “Ya se le ha dado suficiente oportunidad de asistencia médica estando dentro de su reclusión”, enfatizó, por lo que pidió al Tribunal sea rechazado el incidente.
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Federico Rojas, Fabián Escobar y Juan Pablo Mendoza, se retiró a deliberar por varios minutos el incidente de la defensa sobre la evaluación psicológica y psiquiátrica, mientras el condenado fue enviado al retén brevemente porque manifestó sentirse mal de salud.
Tras la pausa, el Tribunal fue recusado por el propio Morales, quien con bastante dificultad, explicó sus argumentos, por lo que la audiencia tuvo que ser suspendida. El defensor público que lo asiste se limitó a decir que es derecho constitucional del acusado presentar la recusación.
Al respecto, la Abg. Edelira Insemblante, en representación de la querella, expuso que la recusación fue hecha sin ningún argumento jurídico y la fiscalía criticó una vez más que se trata de una medida dilatoria.
«Papo» fue retirado de la sala en medio de abucheos en insultos de los familiares de la víctima, quienes se mostraron indignados por lo sucedido.
