El ministro Víctor Ríos manifestó durante la sesión ordinaria que el uso reiterado de pagarés para exigir deudas ya cobradas, conocida como la “mafia de los pagarés” ocurre por una cuestión cultural, atribuyendo esto a la “ingenuidad” de las personas que no retiran dichos instrumentos una vez saldada la deuda.
Sobre la cuestión cultural, manifestó que hay una queja permanente “y uno conversó con varias personas y sobre todo muchos docentes y muchos docentes, increíblemente que dicen bueno, yo adquirí una deuda, firme el pagaré, me descuentan automáticamente, terminé de pagar a la empresa o a la persona pertinente, pero finalmente termino demandado por otra por una tercera persona. Entonces hizo acá es una complicidad del Poder Judicial; y hay que mencionar que ahí no hay ninguna complicidad del Poder Judicial. Yo recuerdo que en el campo se decía a los que estaban casados con la maestras ‘arriero tavy maestra mena’ pero en este caso no es el problema de los esposos de la maestra, son las maestras y los maestros, uno no se puede explicar tanta ingenuidad como para que no no sepan que uno termina de pagar una deuda y debe retirar el instrumento respectivo”.
En ese sentido, refirió que si uno no retira el pagaré, “obviamente como ese como el sistema está preparado para que eso circule en el sistema comercial financiero, de repente aparece la demanda a través de de una tercera persona que había comprado ese pagaré. Obviamente hay una deshonestidad. Hay una corrupción tremenda. Es una es una cosa moralmente inadmisible de aquel que sabiendo que cobró toda la deuda, pero igual terminó vendiendo el pagaré”.
Expuso que “evidentemente aquí no se aplica aquello que decía un famoso economista neerlandés, que de los vicios privados de la corrupción privada se obtienen beneficios públicos. Acá hay una terrible corrupción privada, del privado pero que no genera ningún beneficio público; al contrario genera mucho perjuicio en la sociedad”.
“Entonces esta primera cuestión cultural, es importante ─es una cuestión pedagógica─ tenemos que saber, todos tienen que saber que cuando uno termina de pagar una deuda tiene que reclamar el instrumento en el que se documentó esa deuda o si no ocurre esto. Y ahí no hay ninguna responsabilidad, uno puede designar juez a Jesucristo y actuaria a la Virgen María, pero no va a haber forma de que puedan determinar que ese pagaré instrumentó una deuda que ya fue pagada pero que sigue circulando. Esto desde la perspectiva cultural y espero que también dentro de ese programa tan bello que tiene el Poder Judicial Educando en Justicia yo quiero este tema, por ejemplo, también se pueda introducir enseñando ya a los a los niños, a los adolescentes sobre cómo funcionan los pagarés y los instrumentos ejecutivos”.
CARÁCTER SISTÉMICO
La otra cuestión mencionada por el Dr. Ríos es de carácter sistémico. “Desde el momento en que los pagarés están concebidos para circular libremente en el sistema económico financiero, bueno Abre una puerta ancha para la corrupción para los deshonestos que hacen esto que estuve mencionando”, refirió.
Al respecto, aclaró que nadie quiere dificultar el uso de los pagarés, que considera un combustible fundamental para el sistema financiero, “pero creo que, y en esto estamos trabajando sobre todo el ministro Santander trabaja un proyecto muy interesante ─que yo acompaño─ que tiene que ver con lo siguiente: Yo no veo dificultad, no veo ninguna ningún impedimento constitucional ni legal para que por ejemplo en los juzgados, una vez que se presente un pagaré para su ejecución, el juzgado selle ese pagaré en el sentido para saber que ya se presentó para un juicio; de todas maneras entonces eso va a evitar que un deshonesto pueda promover, intente promover otro juicio con el mismo pagaré, porque ya tendrá ese sello aplicado por el Juzgado respectivo”.
Reconoció que hay una discusión con los asesores, “que dicen inclusive que esto no es factible. Yo creo perfectamente factible porque no no se impide la circulación del pagaré que no ha sido cobrado, pero tampoco el sistema puede permitir que un pagaré que la deuda que instrumenta ya fue pagada, siga circulando libremente allá. Ahí ya hay parece una corrupción sistémica con ese asunto”.
Sostuvo que el proyecto de acordada que se trabaja “será una manera de proteger a los ciudadanos, también de proteger al propio Poder Judicial que siempre es motivo de sospecha por este tipo de de situaciones y no veo, repito, ninguna violación constitucional, ni legal, ni tampoco veo ninguna afectación al funcionamiento del sistema financiero.
Finalmente manifestó que “como Poder Judicial tenemos dificultades, tenemos debilidades, tenemos aspectos que mejorar, pero hay cuestiones que no dependen del Poder Judicial, es cuestión de que no pueden ser imputadas al Poder Judicial como estas que estoy mencionando. Obviamente en la medida en que surjan los problemas hay que ir encontrando solución. Hay aspectos que podemos solucionar vida acordada pero hay aspectos que dependen del Poder Legislativo, por ejemplo, hay un juzgado que creo que tiene como 50.000 expedientes; esa es la expresión más categórica de la inconmensurabilidad, es inconmensurable la cantidad y la complejidad. Un juzgador que no tiene ni la logística ni los talentos humanos suficientes para manejar 50.000 expedientes, pero eso no podemos solucionar nosotros desde el Poder Judicial, porque hay una cuestión legal de por medio. Tendríamos que trabajar en todo caso con el poder legislativo”.
NO ES SOLO CUESTIÓN CULTURAL
A su turno, el ministro Gustavo Santander Dans contradijo en cierta manera la postura de Ríos y expuso que no se trata simplemente de una cuestión cultural. “porque los testimonios que ofrecen las víctimas dicen de que ellos se van, buscan para rescatar su pagaré ya pagado y la por la mala fe que ya tienen las personas que venden pagarés que ya fueron cobrados, entonces o se esconden o alargan el proceso para entregar, por eso es que vamos a insistir un poco ya el proyecto acordada que yo había presentado hace un año atrás para que se pueda sellar en los juzgados cuando ya se presentó para su cobro judicial.