La Cámara de Apelación confirmó la resolución por la cual se convocó a Ángela María Kunrath a la audiencia de imposición de medidas, la cual debía realizarse ya el pasado 31 de julio. La mujer está imputada como presunta colaboradora en el esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico, encabezado por Jarvis Chimenes Pavão.
La defensa planteó un recurso de apelación en subsidio interpuesto conjuntamente con una de reposición contra la providencia de fecha 12 y 13 de julio de 2023, de admisión de imputación y citación a audiencia de medidas.
Según el escrito, “se ha planteado una nulidad del acta de imputación que será tratado en otro estadio procesal sin embargo podemos manifestar que la misma ha sido imputada sin siquiera ser oída por el Ministerio Público, es decir sin haber tenido una declaración indagatoria previa por lo que se han visto en estado de declaración indagatoria previa por lo que se han visto en estado de indefensión por no poder ejercer aún su defensa material dentro de la investigación, es por ello que se ha planteado la nulidad del acta de imputación y a la fecha la misma se halla cuestionada, por ello no corresponde tener por recibida el acta de imputación con relación a mi representada y al estar cuestionada dicha acta no puede ser convocada para un audiencia en cumplimiento al art. 304 del C.P.P”.
El miembro Gustavo Ocampos, preopinante, expuso que “no obsta para la realización de la imposición de medidas el hecho de la no realización de la declaración indagatoria, como bien lo sostiene el texto de la norma art. 304 del C.P.P. determina que el único requisito para la aplicación de medidas cautelares es la existencia previa de un acta de imputación fundada, la cual se ha cumplido con la misma en fecha 11 de julio del 2023, dicho requisito de la declaración indagatoria si se debe tener por cumplida antes de la presentación de la acusación”, por lo que votó por confirmar la providencia recurrida, voto al cual se adhirió el Dr. Arnaldo Fleitas.
La Dra. Andrea Vera, quien también votó por la confirmación de la providencia recurrida, criticó en su voto que “es un error usual de las representaciones defensivas pretender que una investigación fiscal que se inicia con la formalización de la atribución de un hecho delictivo a una persona en un acta de imputación ya debe incorporar con ella carga: probatoria, actuaciones y evidencias que conlleven la certeza en la comisión de un hecho punible y la participación en el de la persona imputada”.
