29/02/2024

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Peirano debe donar G. 150 millones y mantener caución de US$ 1 millón

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El juez Raúl Florentín, con allanamiento del Ministerio Público, aplicó la suspensión a prueba de la ejecución de la condena durante un período de 2 años, al exbanquero José Peirano. El mismo deberá donar G. 150.000.000 a entidades de beneficencia. Igualmente, deberá mantener la caución de US$ 1 millón.

En la audiencia preliminar que se realizó la semana pasada, la defensa ejercida por el abogado Guillermo Duarte, refirió que en el caso concreto el Art. 25 inc. 10 del Código de Procedimientos Penales expresa: “…MOTIVOS DE EXTINCIÓN. La acción penal se extinguirá: 10) en los hechos punibles contra los bienes de las personas o en los hechos punibles culposos, por la reparación integral del daño particular o social causado, realizada antes del juicio, siempre que lo admita la víctima o el Ministerio Público, según el caso…”.

Agregó que también existen acuerdos firmados con personas que fueron couota-partistas que obran en el expediente por el monto de US$ 1.674.599, con 13 centavos, existen otros montos pagados que no fueron querellados en la presente causa que totalizan la suma de US$. 6.089.979, más los arreglos precitados con querellantes, que totalizan 606.153 dólares. Estos montos se deben sumar para dimensionar el esfuerzo realizado por mi representado para reparar el perjuicio patrimonial ocasionado”, dijo Guillermo Duarte.

“El hecho punible de lesión de confianza se encuentra incurso dentro del Título II del Código Penal intitulado “HECHOS PUNIBLES CONTRA LOS BIENES DE LAS PERSONAS”, por lo tanto, cae bajo la esfera de acción de lo dispuesto por la normativa procesal en cuanto a los hechos punibles que pueden ser extinguibles con la reparación íntegra del daño ocasionado. En este contexto, de acuerdo a las constancias de autos, tenemos que se ha arribado a una serie de acuerdos reparatorios con los querellantes”, dice el fallo.

Corriendo traslado al Ministerio Público, los fiscales Francisco Cabrera y Luis Piñánez, dijeron que se considera más justa que la sanción sea de dos años de pena privativa de libertad y en consecuencia se haga lugar a la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, allanados también entre las reglas de conducta al monto de ciento cincuenta millones de guaraníes en concepto de reparación social.

“En lo que respecta a la solicitud de extinción de la acción penal con respecto a las querellas presentadas y el abandono de la querella en relación a las víctimas que no acusaron, la fiscalía se allana por así corresponder en derecho”, sostuvieron los fiscales.

Seguidamente el juez Florentín expone que la conducta consciente del imputado con respecto a su grado de reproche junto con sus esfuerzos reparatorios y sus condiciones personales, económicas y sociales, “esta Magistratura entiende que la penalidad solicitada por el Ministerio Público es razonable, teniendo en cuenta los fines resocializadores de la pena en el autor y el reafianzamiento del ordenamiento jurídico que se puede generar como corolario de las disposiciones del art. 20 de la Constitución Nacional, y en el entendimiento de que las mismas no pueden tener una misión o finalidad distinta a las de la Carta Magna y el derecho Penal, dándose cumplimiento a la reinserción social del procesado y al resarcimiento y protección de la sociedad, por lo que este juzgado considera congruente y viable la imposición de una condena de pena privativa de libertad de dos años al acusado José Peirano Basso por la comisión del hecho punible de lesión de confianza (art. 192) en calidad de coautor (art. 29 inciso 2° del código penal)”.

Teniendo en cuenta que el hoy condenado ha demostrado un comportamiento tendiente a su readaptación social, comprendiendo los alcances de las conductas punibles que fueron acusadas y condenadas en la presente causa, habiendo mostrado una voluntad de reparación del daño particular y social ocasionado, hacen entender a esta Magistratura que con la aplicación de una serie de reglas de conducta el condenado José Peirano Basso dará satisfacción adecuada por el ilícito ocasionado.

“En ese sentido y atendiendo a la argumentación realizada a lo largo de la presente resolución, se puede colegir que con la aplicación de la suspensión a la ejecución de la condena el principio pedagógico de prevención especial y general inserto en nuestro ordenamiento jurídico puede ser cumplido”, puntualiza

En consecuencia, con el allanamiento de los fiscales, el juez hizo lugar al incidente de extinción de la acción penal por el hecho punible de lesión de confianza planteado por la defensa técnica con relación a las víctimas querellantes, individualizadas en el exordio de la resolución.

Además de la reparación del daño, G. 150 millones, se mantiene la obligación de la caución ofrecida con relación al certificado de depósito de ahorro en moneda extranjera en el Banco Interfisa, por US$ 1 millón, a la orden de Guillermo José Duarte Cacavelos, durante el periodo de prueba. Se deberá renovar el documento, con la advertencia de no ser así, que la suspensión será revocada.

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