Por “coimas y aprietes”, piden auditoría y urgente traslado de fiscales de Alto Paraná

El urgente traslado y la auditoría de gestión de los fiscales de Alto Paraná, Carolina Gadea, Julio Paredes, Adolfo Santander, Nilsa Torales, Fernando Galeano, Zunilda Ocampos, Orlando Quintana, Emilce Ovelar, Rocío González, Susan Vera, Denice Duarte, Natalia Montanía, y Cinthia Leiva solicitó el Colegio de Abogados de Alto Paraná al fiscal adjunto de la zona, Jorge Sosa. En un escrito, detallaron el esquema de coima y aprietes de varios de los agentes del Ministerio Público, incluidos sus asistentes. Piden, además, que se socialice el resultado de la auditoría, “ya que de otra manera lo único que se hará es blanquear”. La denuncia saltó a la luz pública en la sesión del Consejo de la Magistratura, el lunes pasado, cuando el senador Pedro Santacruz expuso el tema ante sus colegas.
El escrito de Colegio de Abogados de Alto Paraná, que ingresó en la fiscalía adjunta a cargo de Jorge Sosa, el 13 de abrió pasado a las 2:34 horas, lleva la firma de la presidenta Nidia Silvero de Prieto, el secretario general, Carlos Duré y varios letrados.
En la nota, se refiere que se presentan las inquietudes a Sosa, a fin de que pueda dar soluciones dentro de sus atribuciones “y buscar la forma de que la Fiscalía fortalezca su imagen institucional en un marco de credibilidad ciudadana, la cual se ha visto bastante disminuida últimamente por numerosos y complejos temas que requerirán importantes determinaciones y acciones”.
En la presentación, el gremio hace un detallado cuestionamiento a cada uno de los agentes del Ministerio Público mencionado.
“Sería muy saludable que la inspectoría del Ministerio Público funcione nuevamente, pues tenemos la experiencia de que todas las denuncias fueron remitidas de Ciudad del Este a dicha dependencia, no tuvieron retorno por lo que no tenemos conocimiento de qué hicieron y si han llegado a investigar, ya que tampoco nos comunican el destino y tratamiento de nuestras denuncias. Eso es así, porque la misma Fiscalía General del Estado venía sosteniendo una actitud de protección a sus fiscales”, se resaltó en la nota a Jorge Sosa, quien tiene la obligación de actuar; de lo contrario también encubriría a los denunciados.