El próximo 17 de abril se prevé el inicio del juicio oral y público a Justo Ferreira y su hija Patricia, por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
La resolución obedece a que una integrante del Tribunal de Sentencia, a jueza Elsa García, integra el Tribunal que tiene a su cargo a al exgoobernador de Presidente Hayes, Oscar Núñez.
La fiscalía sostiene que los acusados crearon un esquema delictivo para cometer fraude en perjuicio del Estado paraguayo, en un periodo de extrema complejidad como ha sido el inicio de la pandemia COVID-19.
La acusación del Ministerio Público está dirigida contra Justo Ferreira, en su carácter de apoderado de la firma Insumos Médicos SA, Imedic, como también en su carácter de apoderado de Metaway SA y Glasgow Sa, la cuales conforman las acciones de Imedic; contra Patricia Ferreira, en su carácter de representante legal de la firma Insumos Médicos; el despachante de Aduanas, Carlos Alberto Gamarra, contra Guillermo Andrés Molinas, Gustavo Adolfo Acosta, Joel Olmedo Pacuá, funcionarios de Aduanas a quienes se les atribuye porciones de hechos en función de sus participaciones de forma particular en la estructura delictiva construida por el Ministerio Público.
En ese sentido, se hace necesario, a modo de brindar una descripción fáctica, precisa y ordenada de los hechos atribuidos, relatar las circunstancias fácticas que corresponden a cada uno de los imputados, dice parte del escrito de acusado que presentó el fiscal Legal.
“Las evidencias obtenidas sugieren que este esquema delictivo se encuentra diseñado, a través del uso de figuras legales-administrativas, con el fin de lograr el ingreso irregular al territorio nacional de mercaderías que no cuentan con los registros correspondientes para su nacionalización y posterior comercialización”, enfatiza la acusación.
El 21 de mayo del 2020, nueve diputados habían presentado la denuncia contra Imedic SA y Eurotec SA y lo hizo también el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni, tras el informe final de la Contraloría General de la República, en donde supuestamente encontraron alrededor de trece irregularidades.
El Ministerio de Salud había realizado la contratación con urgencia de mascarillas quirúrgicas, camas y trajes de protección, que iban a usarse durante la emergencia sanitaria.
Como evidencias se adjuntó también el informe de la Comisión de Supervisión de Compras Covid (CESC) en donde se comprueba la gravedad de adquisiciones de insumos sanitarios sin cumplir con las bases y condiciones, además de que varios llegaron al país sin las etiquetas en las cajas.
Hoy prevén iniciar juicio oral al clan Ferreira por contrabando
