La Justicia de Estados Unidos pospuso para el 24 de abril de 2023 el juicio con jurado por varios delitos de narcotráfico del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, después de aceptar la petición tanto de la Fiscalía como de la defensa del que fuera mandatario entre 2014 y 2022.
El juez de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, que dirime la causa por acusaciones de narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha reprogramado las fechas previstas para el proceso.
La fiscalía y la defensa habían solicitado una moción para reprogramar la audiencia de presentación de pruebas ante el juez prevista para el 28 de septiembre. Se ha previsto que las partes vuelvan al recinto judicial en Manhattan el próximo 27 de octubre a las 14:00 horas.
Las justificaciones mencionadas en el documento de la corte dejan ver que la prórroga “sería para brindar tiempo adicional para que la defensa revise los materiales” presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como pruebas para la acusación.
En un primer momento la vista estaba prevista para el 17 de enero de 2023. No obstante, el juez Castel postergó su celebración «para que las partes puedan (…) prepararse para el juicio».
Estados Unidos acusó al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández de operar su país como un «narcoestado» y de usar sobornos que recibió de narcotraficantes como «El Chapo» para cometer fraude electoral en las dos elecciones a las que concurrió. El expresidente es acusado de tres cargos que podrían desembocar en una pena máxima de cadena perpetua.
La acusación formal, de 20 páginas, alega que Hernández formó parte de una conspiración que desde 2004 transportó más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos a través de Honduras, procedente de Colombia, Venezuela y otros países.
Antonio Hernández, su hermano, ya fue condenado por un tribunal federal en Nueva York a cadena perpetua y a pagar 138 millones de dólares, después de ser declarado culpable en octubre de 2019 por narcotráfico, posesión de armas y falso testimonio.
El exgobernante de 53 años, que fue presidente entre 2014 y 2022, fue capturado en su residencia en Tegucigalpa el 15 de febrero, un día después de que Estados Unidos solicitara su «detención provisional» con fines de extradición, y desde ese día permaneció recluido en una unidad especial de la Policía Nacional.
Fuente: Europa Press y AFP.
