La jueza Rosarito Montanía elevó a juicio oral y público la causa abierta a Didier Ramón Ledesma y Carmen Jazmín López, sindicados como presuntos colaboradores en la estructura criminal liderada por el narcotraficante Narciso Ayala.
Ledesma está acusado por lavado de activos y asociación criminal, mientras que López Florentín por los hechos punibles previstos en los artículos 27 (tenencia) y 42 (asociación para el narcotráfico) de la Ley 1340/88.
Según la acusación, desde el 2012, hasta el año 2021 narciso Ayala alias “Bugau”, lideró una estructura conjuntamente con Pablo Martínez Groessinger y Carmen Jazmín López que funcionaba en una propiedad ubicada en la orilla del Río Piratiy en Saltos del Guairá, desde donde trasladaban marihuana cocaína al estado de Guaíra, Brasil, para su posterior distribución a otras partes del territorio del país vecino.
Desde el año 2016, a través de Didier Ledesma se simulaba y se integraba el sistema financiero los beneficios obtenidos por la comercialización de droga; en tal sentido adquirió un vehículo de la marca Chevrolet para Narciso Ayala, por la suma de USD 17.720, con un valor al cambio de la época era de G 99.763.000, para su compra se hizo una entrega de USD 11.000 y 12 cuotas de USD 560 todos pagados en efectivo.
De la misma manera se le atribuye la simulación ─ porque el mismo es de profesión carpintero ─ para montar un emprendimiento con Ayala denominado RS MUEBLES, dedicado a la fabricación de muebles para el hogar, y para lo cual facilitó su nombre como supuesto titular de la actividad, es así que Narciso Ayala le entregó sumas de dinero para la instalación de la mueblería, alquiler del local, adquisición de maquinarias.
Además, recibió sumas de dinero provenientes de Pablo Martínez, en su momento pareja de Carmen López Florentín, miembros de la estructura: G 3.500.000; G 21.040.000 ; G 3.500.000; G 7.762.000; G 15.489.000; y G 18.044.000.
En lo que respecto a Carmen Jazmin, la acusación señala que la misma residía en el inmueble ubicado en Guairá desde donde operaba la estructura criminal y desde ese lugar era la encargada de permitir el acceso al establecimiento donde se efectuaban las actividades de acopio, transporte y comercialización de sustancias estupefacientes.
