26/02/2024

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Proyecto de devolución premiada es inmoral, inconstitucional y peligroso, según abogados

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El proyecto de ley de “devolución premiada”, impulsada por el diputado colorado Yamil Esgaib, es inconstitucional, inmoral y peligroso, según el Colegio de Abogados de San Lorenzo. “Contribuirá a destruir más la ya pervertida conducta de quienes, estando obligados a observar el más celoso respeto por la dignidad y decoro del funcionario público, reniega de su deber para optar por el delito del robo, la corrupción y la deshonra”, apunta el gremio. Enfatiza que la “propuesta legislativa pretende un acomodo faccioso de exención o liberación, en el interés espurio de sortear el mandato de orden superior y de orden legal, a fin de beneficiar a un depredador confeso de los intereses públicos, lo cual resulta intolerable moral, legislativa y constitucionalmente”. Esgaib plantea reducir hasta el 50% las penas de cárcel a funcionarios públicos que devuelvan lo robado.

En un comunicado a la opinión pública, el Colegio de Abogados de San Lorenzo, emitió su postura sobre el proyecto de ley presentado por el diputado Yamil Esgaib que, de conformidad con las informaciones que se conoce sobre sus lineamientos, propugna la reducción de la condena a la mitad de lo que corresponde por el delito cometido, en los casos que el funcionario público proceda la devolución del dinero robado.

“Nuestra institución considera que la propuesta legislativa es, categóricamente inconstitucional y, también inmoral y peligrosa. Por esta circunstancia ha resuelto manifestarse sobre dicho Proyecto que, prima facie, aparece como una iniciativa que no contribuirá sino a derruir más la ya la pervertida conducta de quienes, estando obligados a observar el más celoso respeto por la dignidad y decoro del funcionario público, reniega de su deber para optar por el delito del robo, de la corrupción y la deshonra”, enfatiza el gremio.

“Nos dirigimos, en primer lugar a los colegas abogados de toda la república, con ruego de secundar nuestra posición, a la opinión pública nacional en el interés de transmitir y compartir la invalorable importancia de dar prioridad al cuidado y respeto de la correcta conducta pública y privada, a los responsables de los tres poderes del Estado, y muy especialmente, a los legisladores de la república, para sensibilizarles sobre la necesidad de precautelar las provisiones ius fundamentales que cuentan con la máxima validez formal, porque ocupan la cúspide de la pirámide en un país como el nuestro, en el que rige el constitucionalismo como forma de organización jurídico-política”, apuntan los abogados de San Lorenzo.

 

LA CONSTITUCIÓN

 

“La Constitución de la República, en su artículo 106, consagra que ningún funcionario o empleado público, en caso de transgresiones, delitos o faltas que cometiere en el desempeño de sus funciones, está exento de responsabilidad. O sea, la atribución de las responsabilidades por la autoría y la participación en y por los delitos, se halla castigada por nuestra Carta Fundamental y, en consecuencia, toda comisión de delito importa el riesgo insorteable de un castigo, cuya persecución se halla regulada por el Código Penal y Procesal Penal. Sin embargo, la propuesta legislativa pretende un acomodo faccioso de exención o liberación, en el interés espurio de sortear el mandato de orden superior y de orden legal, a fin de beneficiar a un depredador confeso de los intereses públicos, lo cual resulta intolerable moral, legislativa y constitucionalmente”, agrega.

“El Colegio de Abogados de San Lorenzo no comparte absolutamente los escuálidos fundamentos del Proyecto sobre la nula peligrosidad del funcionario público corrupto. Por el contrario, está convencido que cualquier tolerancia con la corrupción es propiciarla y fomentarla. Que, antes bien, debiera gravarse con mayor dureza, en razón de que la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado es especialmente más grave cuando lo comete un funcionario público y, consiguientemente, se requiere que la mínima tentativa como su comisión concreta sea aniquilada prestamente a la hora y en el lugar mismo que acontece, «sacando de la cancha» de inmediato a sus ejecutores y mentores, porque desprecian sus deberes, reniegan de la moral y la integridad, comprometido como servidor del público”, resalta.

“Queda por decir que el poder legislativo debiera tener mayor respeto por la Constitución de la República. Nada o muy poco se hará en nuestra patria con proyectos como éste, que arremete contra las normas, enunciados y principios consagrados en nuestra Constitución y en la ley, en una gestión que sólo sirve al interés del aplauso y la egoísta conveniencia electoral del proyectista, auspiciada ordinariamente por diputados y senadores que atan sus iniciativas legislativas a las promesas electorales del gobierno, con muy evidente interés de reciprocidad de favores y satisfacciones, o porque se sienten incapaces de trascender por el mérito y la virtud de proyectos beneficiosos del interés colectivo, que está obligado a precautelar, para «dar a cada cual lo suyo, viviendo honestamente y no dañando a nadie», como ya en el Senado, proclamaba como justicia, el irreiditable tribuno y jurisconsulto Romano, Ulpiano”.

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