Durante la prosecución del juicio oral y público por lesión de confianza, se presentaron a declarar en carácter de testigos un exfuncionario y un funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sobre documentos e informes de la institución con relación al desvío de G. 68.000 millones.
El ingeniero Hugo Mazzoleni, funcionario jubilado del Ministerio de Agricultura, declaró hoy en carácter de testigo en el marco del juicio y refirió que numerosos proyectos que fueron beneficiados con fondos, contenían información poco clara y hasta incoherente.
Durante su testimonio, Mazzoleni aclaró que no estaba relacionado con cuestiones administrativas dentro de la citada cartera estatal, tampoco tenía a su cargo autorizar o dar su aprobación para los respectivos desembolsos.
Mencionó que su función como técnico del ente, era la de analizar la documentación referente a los proyectos que solicitaban fondos y al ser consultado sobre los proyectos que hubo de analizar, destacó que muchos de ellos “no tenían coherencia” respecto a los objetivos, el análisis financiero, entre otros.
El fiscal Rodrigo Estigarribia, procedió a dar lectura a un informe referente a proyectos correspondientes a 150 organizaciones que obran como evidencia en la causa y resaltó que poseen “la misma preparación, solo se cambia el nombre de la organización beneficiada, la ubicación, sus miembros, el monto de inversión, rubro”, entre otros detalles.
Expuso que, de acuerdo a dicho informe, los proyectos de estas organizaciones presentan mucha información superflua extraída de internet, que no son un requerimiento para presentar el proyecto.
Además, en los objetivos descritos se citan, entre otras cosas lograr autoabastecimiento de hortalizas, evitar la fuga de visitas en concepto de importación de rubros, sin embargo no se precisa cómo se alcanzarán estos puntos, y en muchos casos tampoco se hace mención a los rubros en cuestión.
A su momento, el funcionario Víctor Ramírez, quien se desempeñó como asesor financiero, mencionó que como parte de su labor, recibía carpetas de comités individuales, las cuales se encargaban de verificar. Testificó que ellos, al culminar dicha revisión, entregaban los documentos a la entonces directora de Administración y Finanzas, Maristela Azuaga.
Afirmó asimismo que nunca recibió documentos de la Fenaprofhp y asimismo tampoco estaba al tanto de que integraba la comisión coordinadora para verificación de documentos referentes transferencias rubro 874, aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privada sin fines, proveniente del fondo nacional de inversiones públicas y desarrollo, y fondo para excelencia de educación e investigación a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería donde supuestamente estaba nombrado, donde se estudiaron y verificaron proyectos Fenaprofhp.
El funcionario aseguró que nunca se le notificó de esa resolución donde él era nombrado, sólo se enteró por parte de la exdirectora Azuaga, en el mes de diciembre de dicho año, quien le mencionó que debía realizar bien sus operaciones dentro de dicho comité.
Por su parte el abogado defensor de Enzo Cardozo, Carlos Arce, interrogó al testigo sobre la suscripción de un acta de verificación a la Fenaprofhp, el cual aceptó haber participado de la entrega de insumos pero no de la verificación de los mismos. Así también ante la consulta reconoció su firma en dicho documento.
El Tribunal de Sentencia está integrado por Elsa García, Héctor Fabián Escobar y Gloria Hermosa.
En la jornada anterior se presentaron a declarar el perito caligráfico de la Fiscalía, Dario Benitez y Francisca Mereles, en representación de la extinta firma J & M Auditores, testimonios que versan sobre los documentos que forman parte de las evidencias.
Los exministros del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y Rody Godoy están acusados del desvío supuesto desvío de G 68.000 millones.
Antecedentes
El proceso a los exministros del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo y Rody Godoy es por el supuesto desvío de G. 68.000 millones.
Enzo Cardozo fue acusado por el supuesto desvío de G. 59.552 millones durante su gestión como ministro de Agricultura, mientras que a Godoy se lo procesó por el presunto desvío de G. 8.447 millones. En total, los montos entre los dos ex secretarios de Estado suman G. 67.999 millones.
