La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por las Abgs. Liz Elena Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín contra el AI N.° 343 del 30 de noviembre del 2023, que confirma la apertura a juicio oral en la causa por supuesto pedido de coima, en la cual también está acusada la exfiscal Ana Girala.
En su analisis y fundamentación, la ministra Carolina Llanes señala que desde el punto de vista procesal penal, la casación consiste en un mecanismo de impugnación extraordinario con motivos tasados, destinado a controlar tanto la legalidad sustancial de la sentencia como su legitimidad formal, a través de la revisión de todas las actuaciones llevadas a cabo . Con él, se pretende la nulidad de la sentencia –casación por infracción de la ley– o del proceso y, consiguientemente de la sentencia –casación por quebrantamiento de la forma.
De esta manera, Llanes concluye que el recurso “no se adecua a las exigencias formales mencionadas, puesto que la resolución impugnada no trata ni resuelve el fondo del caso –condena o absolución– así como tampoco se funda en sobreseimientos definitivos relacionados a elementos probatorios decisivos sobre la existencia del hecho o la participación y/o vinculados a la perentoriedad de los plazos”
“El fallo atacado no pertenece al catálogo de resoluciones impugnables por esta vía, ergo no queda otra alternativa que declarar la inadmisibilidad del formulado, por ende, deviene inoficioso el análisis de los demás requisitos”, expresa.
A esta opinión se adhirieron los ministros Benítez Riera y Ramírez Candia, este último apuntó que se ha recurrido un auto interlocutorio del Tribunal de Apelación que, al confirmar la elevación a juicio oral, no pone fin al proceso sino todo lo contrario ordena su continuidad.-
De acuerdo a la imputación, la fiscal Ana Girala López, de la Unidad Penal Nº 1 de San Lorenzo, tenía a su cargo el caso “Derlis Garcia Enciso y Richard Daniel Hermosilla González s/ Homicidio Doloso, Tentativa, Asociación Criminal y Producción de Riesgos Comunes”, en la que estaba investigado Richard Hermosilla González, hijo de Alcides Hermosilla (denunciante), quienes se encontraban aguardando la realización de la audiencia preliminar prevista para el 20 de febrero de 2.023.
Siempre según la imputación, una vez recibidas dichas instrucciones, las abogadas Martínez Robles y Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín se habrían puesto en contacto con el padre de Richard Daniel Hermosilla a fin de llegar a un acuerdo económico en contrapartida de “solucionar” a través de salidas procesales.
