El Tribunal de Apelación ratificó la prescripción y el sobreseimiento definitivo del ex fiscal Gustavo Enrique Cáceres, imputado en 2010 por supuesta extorsión. Supuestamente pidió G. 10 millones para solucionar un caso de reducción, según el Ministerio Público.
Arnulfo Arias, Arnaldo Fleitas y Emiliano Rolón, integrantes del Tribunal de Apelación, Cuarta Sala, confirmó la prescripción de la acción y el consecuente sobreseimiento definitivo del exfiscal procesado por extorsión, Gustavo Enrique Cáceres.
El doctor Arnaldo Fleitas, expuso dentro de su voto del preopinante que “el representante del Ministerio Público resalta que las acciones de inconstitucionalidad planteadas por los acusados constituyen circunstancias objetivamente insuperables para la persecución penal. Al respecto, cabe señalar que la mera interposición de una acción de inconstitucionalidad no constituye una circunstancia objetivamente insuperable, como lo señala la defensa”.
Sostuvo que, a su criterio, “en ningún momento la Corte Suprema de Justicia, en las distintas acciones de inconstitucionalidad interpuestas, ha concedido la aplicación de medidas cautelares que suspendan o interrumpan la persecución penal”.
Complementó diciendo que el plazo necesario para la aplicación del Artículo 104 inciso 2 del Código Penal “ya se había cumplido el 1 de marzo de 2020: por lo que resulta correcta la decisión del A-quo de declarar la prescripción de la Acción Penal en la presente causa.”
A su turno, el Doctor Arnulfo Arias Maldonado manifestó que comparte la opinión del Doctor Arnaldo Fleitas Ortiz, por los mismos fundamentos.
Por consiguiente, el Tribunal declaró admisible el Recurso de Apelación General promovido por el Agente Fiscal, Abg. Juan Manuel Ledesma, en contra de la S.D. N’ 26 de fecha 24 de febrero de 2022. El Tribunal de Sentencia, estuvo integrado por los Jueces Penales, María Luz Martínez, como (Presidente), Víctor Hugo Alfieri Duria y Elio Rubén Ovelar Frutos (Miembros Titulares).
El fiscal Cáceres fue detenido en un operativo encubierto encabezado por los fiscales Eduardo Cazenave y su colega Arnaldo Giuzzio, el 18 de abril de 2010.
Según la acusación, habían requerido al denunciante, Alfredo Irala, la entrega de unos 10 millones de guaraníes. Es por la incautación en una barrera del automóvil VW, tipo Gol, presumiblemente robado en el Brasil. El rodado quedó demorado y a cargo del fiscal Cáceres.
