El juez penal de Garantías, José Delmás ratificó la prisión preventiva para los policías Evelyng Núñez González y Cemión Arce Mendoza, quienes habrían retenido a una mujer por varias horas en el interior de una patrullera a quien exigieron dinero para no someterla a un proceso penal por supuesto hurto.
El magistrado no hizo lugar a la solicitud de la defensa que planteó la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva y en su lugar aplicar el arresto domiciliario, de tal forma a que Núñez González pueda continuar con sus estudios universitarios.
Así también se planteó el arresto domiciliario con permiso especial para que ambos uniformados puedan seguir prestando servicio en la Comisaría 3º Metropolitana, según el documento.
Por su parte, desde la representación fiscal se sostiene que los hechos atribuidos a ambos agentes son especialmente graves, por tratarse de corrupción pública.
“El agravante radica en que justamente habrían sido cometidos por efectivos policiales encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos y por el orden público, de acuerdo a la circunstancia del caso el peligro de fuga permanece latente dado que la eventual pena a ser impuesta es elevada tomando en consideración la transgresión de varias leyes penales.”
Arce González permanecerá recluido en la Agrupación Especializada, en tanto que Núñez seguirá recluida en el Departamento Judiciales Femenino.
El fiscal Osmar Legal formuló imputación contra los agentes policiales Evelyng Jazmín Núñez González y Cemión Arce Mendoza, por la supuesta comisión de los hechos punibles de privación ilegítima de libertad y cohecho pasivo agravado, en calidad de co-autores.
Esto es en respuesta a un hecho ocurrido el pasado 6 de diciembre en zona del microcentro asunceno, jurisdicción de la Comisaría Tercera Metropolitana, donde los ahora detenidos prestaban servicios.
De acuerdo al relato de los investigadores, ambos uniformados siguieron a una ciudadana de nombre Johana Rivero Saavedra, desde el momento en que abandonó el Club Condesa donde trabajaba y buscaba una salida a su desvinculación laboral.
Desde ese momento fue seguida por los agentes, quienes la interceptaron y la subieron a la patrullera, una vez en el interior del vehículo policial la intimaron a que entregue la suma de G 3.000.000, a cambio de liberarla.
