El Tribunal Especializado en Crimen Organizado y Narcotráfico no hizo lugar al incidente de entrega de evidencias solicitados por Paulo Pertile y María Teresa Duarte, en el marco de la causa Jerjes. Ambos solicitaron la devolución de dos automóviles que fueron incautados en carácter de evidencias.
En el escrito los mencionados solicitaron la devolución de los rodados en carácter de propietarios y aseguran que no son parte el proceso.
Sin embargo, los jueces Víctor Alfieri, Gloria Hermosa y Alba Gonzalez coinciden en que independientemente a que los citadas manifiesten ser propietarios e independientemente a que el Ministerio Público no se ha expedido al respecto, en razón a que dichos vehículos, fueron ofrecidos corno prueba a conforme consta en el auto de elevación a juicio oral Obrante en autos.
Por ende mal podría este Tribunal hacer entrega de las evidencias las cuales (conforme se colige del listado de evidencias tienen que ver con la teoría del caso que la representante del Ministerio Público pretende sostener en el marco del y público.
En ese sentido recalcan que en etapa de juicio oral las partes pueden presentar los respectivos incidentes de inclusión y de exclusión probatoria, como ser la exclusión de los vehículos ofrecidos como evidencias.
Antecedentes
La jueza Penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado del Tercer Turno, Rosarito Montanía, elevó a juicio oral y público la causa contra Ninfa Villasboa Chamorro, Francisco de los Santos Ayala, esposa y hermano del prófugo Narciso Ayala, y Sirio Eudes Riquelme supuesta mano derecha del mismo.
Estas personas están acusadas por lavado de dinero y asociación criminal. Las mismas fueron detenidas durante el operativo “Jerjes” en Saltos del Guairá en 2021.
De acuerdo a la acusación, los hechos atribuidos a Villasboa, Riquelme y Ayala se extienden aproximadamente desde el 2012 hasta el 2021, tiempo que Narciso Ayala alias “Bogao” creó una organización criminal en Saltos del Guairá dedicada al transporte de cocaína desde Perú y Bolivia y de Marihuana, utilizando como base un inmueble habitado en ese momento por Pablo Martínez y Carmen López Florentín – prófugos – ubicado en inmediaciones del km 5 zona de Gasoy, a orillas del Río Pirayu, aprovechando las vulnerabilidades del control fronterizo de Saltos del Guairá y de Guaira.
