El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Capital rechazó el pedido de prórroga extraordinaria solicitada por los agentes fiscales Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia en la causa del exgobernador de Central Hugo Javier por lesión de confianza.
En fecha 28 de julio de 2022, los citados agentes fiscales habían solicitado prórroga extraordinaria en relación a la imputada Karina Elizabeth Mazacote Widner, refiriendo como plazo extraordinario la fecha 22 de febrero de 2023.
El Tribunal por A.I. N 195 de fecha 10 de agosto de 2022 había diferido el estudio de dicha prórroga hasta que el Juzgado fije nueva fecha para la presentación del requerimiento conclusivo.
Por AI N° 1801 de fecha 30 de agosto de 2022, el Juzgado Penal de Garantías Especializado en delitos económicos a cargo de la Abg. María Elena Cañete, ha señalado el día 05 de noviembre de 2022 a fin de que los representantes del ministerio público presenten dicho requerimiento conclusivo.
En cuanto al argumento de los agentes fiscales Rodrigo Estigarribia y Diego Arzamendia, se sintetiza el pedido de prórroga extraordinaria en la complejidad de investigación, dado que se trata de un hecho de corrupción pública que involucra a altos funcionarios de la entidad estatal, con presunción de perjuicio al patrimonio, el elevado número de imputados (15), diligencias de investigación a realizarse en el extranjero la necesidad de diligenciar pruebas testimoniales, periciales y de informe y la contestación de asistencia jurídica internacional.
El doctor Arnulfo Arias expuso que se observa que algunos de los actos de investigación mencionados anteriormente (testimoniales e informes), ya debieron ser diligenciados con anterioridad, de igual manera, considerando la fecha de acusación: 5 de noviembre de 2022.
“Los Agentes Fiscales cuentan con suficiente tiempo para el diligenciamiento de las pruebas pertinentes, y si el caso fuera la necesidad de mayor plazo, cuentan con la posibilidad procesal de solicitar la prórroga extraordinaria, hasta quince antes de la fecha fijada para acusar, por lo tanto, conceder una prórroga al Ministerio Público, a fin de extender el tiempo de la investigación para que efectúe las actuaciones mencionadas, resultaría inoportuno, en consecuencia corresponde no hacer lugar a dicho pedido”, agregó.
Antecedentes
El fiscal Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó al exgobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, y a otras 15 personas implicadas en la clonación de facturas con los fondos Covid.
La imputación es por los hechos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por «obras fantasmas» de la Gobernación de Central.
Los imputados además del gobernador son: Javier Marcelo Rojas Giménez, director general de Administración y Finanzas de la Gobernación; Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente de la Fundación CIAP, Paulino De Los Santos Palacios Recalde, tesorero de la misma organización y Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria, síndico actual de CIAP.
Además fueron incluidos Lourdes Verónica Lezcano Decoud, secretaria General de la Gobernación, Armando Adolfo Soler Espínola, secretario de Obras Públicas de la Gobernación; Luis Eduardo Allende Araujo, exjefe de Tesorería de la Gobernación, y Edgar José Zaracho Quintana, asesor Jurídico General de la Gobernación.
La lista continúa con Guido Rolando Portillo Torres, jefe del Departamento de Presupuesto de la Gobernación, Modesta Valiente Escobar, funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas, José Félix Grau Fernández, contratista, Oscar Morel Oses, contratista, Oscar Laureano Gaete Gómez, contratista y Adalberto Benítez Aguilera, exjefe del departamento de fiscalización de obras de la Gobernación.
El proceso fue abierto tras varios meses de realizarse la denuncia presentada por los concejales departamentales, en junio de este 2021. El caso salió a luz tras la publicación de la rendición de cuentas de la Gobernación sobre los fondos Covid y la averiguación de los datos por parte de dos concejales liberales.
Tras realizarse esta primera denuncia, el 8 de julio, la Secretaría Anticorrupción y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) presentaron una denuncia por la falsificación de facturas y otras inconsistencias halladas en la rendición de cuentas de la administración de Hugo Javier.
