El juez José Agustín Delmás ratificó la prisión domiciliaria de Antonio Ramón Fariña Villalba, coimputado en la causa por lesión de confianza que investiga un millonario desvío en la Gobernación de Central. El mismo había solicitado un permiso especial para poder trabajar.
Antonio Ramón Fariña Villalba, presidente del Centro Nacional de Organizaciones Populares, bajo patrocinio de los abogados Sergio Kopansky y Monserrat Díaz, ha solicitado el permiso especial para trabajar, a fin de cumplir obligaciones estrictamente laborales, conforme se desprende de su escrito presentado.
Sus defensores alegaron que su defendido cuenta con prisión domiciliaria en la causa, y el mismo depende totalmente de sus ingresos económicos que son proveídos por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) por su prestación de servicios como funcionario nombrado de dicha institución, para cubrir con sus gastos médicos.
Recalcaron que para el mismo “es de suma importancia para nuestro defendido disponer de dicho ingreso, que sin ser exagerados son de vida o muerte, a su vez sin trabajo no puede costear sus estudios varios, por ende su vida correría riesgo”
Por su parte, el fiscal Juan Ledesma consideró pertinente que se mantengan las medidas cautelares que habían sido impuestas en atención a que a la fecha no existen nuevos elementos que tornen viable lo solicitado por el recurrente.
Es por eso que el juzgador, procediendo al análisis del presente pedido especial para trabajar, y atención a la medida cautelar que pesa sobre el incoado y tomando en consideración a la postura asumida por el representante del Ministerio Público, quien se opone a la autorización del permiso para trabajar. Resaltó que los presupuestos que inicialmente han llevado a decretar el arresto domiciliario del mismo no han variado, por el contrario el procesado en cuestión ha incumplido su arresto domiciliario, y fue aprehendido en la vía pública, lejano a su domicilio.
Antecedentes
Antonio Ramón Fariña Villalba, presidente del Centro Nacional de Organizaciones Populares, forma parte del grupo de personas que habrían presentado los proyectos solicitando los aportes económicos a la gobernación, con el propósito de dar justificación a los desembolsos efectuados, y en forma posterior, para culminar con el circuito del fraude, efectivizaron los cheques, retirando sumas considerables de dinero en efectivo, las cuales no habrían sido utilizadas para financiar los proyectos propuestos, presentando facturas presumiblemente falsas como respaldo documental de las rendiciones de cuenta, y/o facturas obtenidas por bienes y/o servicios aparentemente no prestados, en dichas facturas se habrían consignado operaciones inexistente, con la finalidad de ocultar el destino real de dichos recursos.
Entre los meses de marzo de 2019 a diciembre de 2020, Hugo Javier González Alegre, a través de 51 resoluciones, habría autorizado indebidamente las transferencias de recursos, por la suma total de Gs. 24.424.032.733 (guaraníes veinticuatro mil cuatrocientos veinticuatro millones, treinta y dos mil setecientos treinta y tres), en concepto de aportes, con el aparente fin de financiar los gastos administrativos y misionales de los proyectos que fueron presentados ante la gobernación, sin embargo, los fondos no habrían sido destinados para ejecutar los proyectos.
