El juez Humberto Otazú no hizo lugar al sobreseimiento definitivo solicitado por la fiscal María Estefanía González para Ibrahim Khalil Hijazi, pariente de Kassem Hijazi extraditado a los EE.UU. Ahora la Fiscalía General del Estado tendrá que confirmar o rectificar dicho pedido.
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, consideró que no se reúnen los presupuestos para la aplicación del Sobreseimiento Definitivo solicitado por la fiscal María Estefanía González para Ibrahim Khalil Hijazi Colmán, procesado por supuestos hechos punibles de contrabando, evasión de impuestos y la producción de documentos no auténticos en Ciudad del Este.
La Fiscalía General del Estado, deberá acusar o ratificar el requerimiento planteado por el Agente Fiscal Interviniente en oportunidad de la Audiencia Preliminar.
La agente Fiscal Abg. María Estefanía González, dentro de la solicitud expuso que los actos de investigación realizados hasta la fecha no tienen la fuerza suficiente para ser tomado como elemento de convicción que sirvan de soporte legal para formular una acusación contra Ibrahim Khalil Hijazi.
En el escrito se agregó que si bien es cierto en el momento de la imputación los indicios contaban con la posibilidad de abrir una investigación, el Ministerio Público recabó informes documentales testimoniales obteniendo elementos que desvirtúan la hipótesis inicial en relación a Ibrahim Khalil Hijazi Colmán.
“Entre estos informes existen informes oficiales de abogacía del tesoro bancos, registros y demás pruebas que arrojan que el mismo no forma parte de ningunas de las empresas vinculadas Khalil Ahmad Hijazi y o España informática y que fuera objeta en una investigación principal por lo que no se cuenta con fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado”, señala el documento de solicitud de sobreseimiento.
Anteriormente, el juez de Garantías José Agustín Delmás dictó el arresto domiciliario de ocho empresarios paraguayos de origen libanés, entre ellos Ibrahim Khalil Hijazi Colman, relacionados con Kassem Hijazi, acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico por la justicia de Estados Unidos. Los mismos aguardan que se establezca la fecha de la realización de la apertura del Juicio Oral y Público.
Según la acusación fiscal, Khalil Ahmad Hijazi, en su carácter de Presidente de la firma «España Informática S.A.», junto con los miembros del directorio y socios, Zulma Damiana Fernández De Hijazi, Laila Khalil Hijazi Fernández, Hussein Ghaleb Hijazi, Ali Hamze Hijazi y Ibrahim Khalil Hijazi Colman, adquirían mercaderías de diferentes tipos, preferentemente productos electrónicos, de distintos proveedores del exterior, principalmente lo hacían de los Estados Unidos. Los proveedores remitían las facturas originales junto con las mercaderías y una vez llegado los productos al país, a través del aeropuerto Guaraní, los mismos eran entregados por el importador, el Sr. Hijazi, a los despachantes de aduanas Victor Javier Espinoza Rios Y Juan Carlos Sorazabal Rodríguez, quienes se encargaban de realizar los trámites de despacho ante la Dirección Nacional de Aduanas.
Éstas facturas originales, antes de su presentación, eran sustituidas por otras, las cuales tenían el mismo número, misma lista de productos y correspondiente al mismo comercio que lo había expedido, sin embargo, se consignan montos muy por debajo de lo que figuraba en la factura original en lo concerniente a la suma final de costo y cantidad. De esta manera, se movilizaba en el territorio aduanero mercaderías sin la documentación legal correspondiente, introduciéndose al país en violación a los requisitos legales, y al mismo tiempo se abonaba menos tributo por los mismos.
Estos ocho empresarios procesados serían dueños de grandes empresas importadoras de productos electrónicos en Ciudad del Este y evadieron impuestos por 52 millones de dólares.
Khalil Hijazi Colman es pariente de Kassem Mohamad Hijazi, un ciudadano brasileño de origen libanés que fue extraditado en el 2021 desde Paraguay a Estados Unidos acusado de ser el “principal recaudador de fondos y activista de Hezbolá, que apoya actividades relacionadas con el terrorismo”. Su captura y extradición formó parte de la operación ‘A Ultranza PY’.
