Este lunes debía iniciar el juicio oral y público a Walter Rubén Ayala, por varios tipos penales contemplados en la Ley 4036/10 de Armas, no obstante la diligencia debió suspenderse debido a la recusación al Pleno del Tribunal de Sentencia.
De acuerdo a la representación del acusado, la imparcialidad manifiesta ha sido el principal fundamento que sustenta este recurso, dirigido especialmente a la jueza Gloria Hermosa, tomando como referencia el artículo 50 del Código Procesal Penal en sus incisos 10, 12 y 13, específicamente la emisión de opiniones, enemistad, odio o resentimiento y cualquier cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia, respectivamente.
De esta manera, el Tribunal de Sentencia, presidido por Dina Marchuk e integrado por Gloria Hermosa y Víctor Alfieri, consideró el impedimento legal para continuar con las diligencias y por lo tanto resolvió suspender el inicio del juicio y remitir informe a la Cámara de Apelaciones para el estudio correspondiente.
Walter Ayala afronta proceso por Detentación, Producción de Riesgos Comunes y Tráfico Ilícito, hechos tipificados en la Ley 4036/10 de Armas de Fuego.
En ese sentido, el fiscal Alejandro Cardozo, dijo contar con elementos concretos para sustentar la tésis del Ministerio Público, más aún tratándose de municiones que son de uso privativo del Estado, por medio de las Fuerzas Armadas de la Nación.
Antecedentes.
El 2 de marzo el fiscal Federico Defino formuló acusación por Requerimiento Fiscal Nro. 02 en contra el procesado Walter Ruben Ayala Rodriguez por la comisión de los hechos punibles previstos y penados en el Artículo 94 (Detentación), Artículo 95 (Producción de Riesgos comunes) y el Artículo 98 (Tráfico ilícito) todos estos de la Ley 4036/10 de Armas de Fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines, en concordancia con el artículo 29 inciso 1 del mismo cuerpo legal. La jueza Lici Sánchez admitió la acusación y elevó la causa a juicio.
La tesis fiscal sostiene que Walter Rubén Ayala Rodríguez, quien forma parte del Ejército Paraguayo, diseñó, junto a otra persona, un plan a fin de proceder a la comercialización de cartuchos y municiones de armas de fuego, sustraídos de la armería de las unidades militares. Se trata de 1.500 cartuchos que posteriormente fueron puestos a la venta a través de la red social Facebook.
El fiscal expresó que la causa en relación al imputado Cesar Manuel Sanabria se encuentra en trámite, y los imputados Miguel Fredy Florentin y Blas Ramon Paredes se encuentran prófugos y en estado de rebeldía.
La imputación surgió luego de que la Dirección de Material Bélico, organismo dependiente de las Fuerzas Armadas de la Nación remitiera una nota en la que informaba sobre una persona que realizaba venta de cartuchos sin autorización a través de las redes sociales.
