El abogado Juan Sosa Bareiro, afirmó que el proyecto de ley de regulación de honorarios para defensores públicos aprobado por Diputados, es inconstitucional y desvirtúa el rol de la institución que es defender a personas de escasos recursos.
El proyecto de ley de regulación de honorarios por parte de defensores públicos, “desde el punto de vista constitucional puede afectar derechos legítimos de los justiciables y por qué no, también de los propios colegas abogados, porque no estamos en igualdad de condiciones. La Defensa Pública tiene medios, la Defensa Pública tiene contacto y cercanía al órgano jurisdiccional. Cuando entras en una audiencia y el defensor es tu contraparte, le encontrarás ya tomando un cafecito con el juez mientras que vos estás sudando en el pasillo para poder ingresar a la audiencia”, manifestó Sosa Bareiro en entrevista con El Observador a través de Ñanduti, Radio-TV.
“Ellos (defensores públicos) tienen comunicación permanente, tienen capacitación permanente, conjunta, son compañeros de trabajo, están agremiados y por sobre todas las cosas, si nosotros perdemos el concepto de que la Defensa Pública, debería de ser un órgano de ayuda al justiciable en estado de vulnerabilidad y llevamos a la Defensa Pública hacia un tema prácticamente de recaudación, aunque eso vaya para un fondo de desarrollo, de estudios, al final sale del justiciable y considero inoportuno, inadecuado, inconstitucional y que afecta a la propia Carta Orgánica de la institución, ese es el concepto final”, señaló el letrado.
-¿Qué ocurre cuando el defendido o el procesado o el asistido por la Defensa Pública tiene medios económicos para contratar a un profesional del derecho?
“Automáticamente ya no califica, es más, la Carta Orgánica dice ‘defender gratuitamente’.
Cuántos miles de casos de ciudadanos paraguayos en estado de extrema insolvencia, hoy no son ni siquiera bien atendidos por el colapso de nuestras instituciones. La Defensa Pública no escapa de ese colapso, o sea que pregunto cuál es el espíritu, cuando hoy la Defensa Pública, ni siquiera puede cumplir bien su rol por la gran cantidad de miles y miles de casos, por qué meternos otra vez en un segmento que le va a ocupar tiempo, que le va a ocupar energía, que le va a ocupar a sus funcionarios y a sus defensores por el solo hecho de generar una competencia desleal al rubro privado y por sobre todas las cosas, generar más ocupación de tiempo en vez de reinvertir ese mismo tiempo a que sus propias causas estén mejor; porque seamos honestos, la Defensa Pública está como el Ministerio Público colapsada. Pregunten a los miles de presos en las distintas cárceles, si sus defensores públicos tienen el tiempo para asistirle como corresponde. Pregunten a los miles de justiciables, que todos los días forman fila en la Defensa Pública para seguir sus casos, o sea que estamos en una realidad, ni siquiera se puede cumplir por un exceso de trabajo, no le estoy culpando a los funcionarios, sino al sistema mismo y al colapso, ni siquiera pueden cumplir bien ese trabajo y van a entrar a jugar el partido con gente que tiene dinero, que tiene recursos y te aseguro ─y esto me lo hago responsable yo─ de que muchos funcionarios van a preferir trabajar donde pueden ganar dinero, regular y más van a dejar de lado donde ya saben que no van a poder hacer absolutamente nada, entonces yo creo que es un contrasentido y puede generar una situación no pretendida por ninguno de nosotros, que es el empeoramiento de las condiciones actuales que no son buenas en muchos casos”.
-¿Con este proyecto se desvirtúa realmente el rol del Ministerio de la Defensa Pública dentro del sistema de justicia?
“Desvirtúa el rol que debería de tener la Defensa Pública. Pone en peligro el justiciable, porque sus derechos van a ser menos atendidos, porque ya colapsados van a tener otra vez más causas y al mismo tiempo es totalmente ilegítimo cuando es inconstitucional al efecto que ellos no pueden recaudar dinero del justiciable, o sea que tenemos una serie de elementos que no fueron tenidos en cuenta. Hay un error conceptual, hay un error en cuanto al planteo y también me preocupa muchísimo; yo me enteré el día que salió esto en la prensa. Yo no sé la prensa si ya sabía que esto se venía. Por qué no se hicieron audiencias públicas, por qué no se invitaron a los gremios, por qué no se le invitaron a los periodistas especializados a realmente debatir, por qué ya empezamos otra vez con el viejo sistema de a tambor batiente y con mayoría coyunturales imponer leyes que después van a ser de cumplimiento imposible”.
“ES INCONSTITUCIONAL Y DESVIRTÚA EL ROL”
“Desvirtúa el rol por sobre todas las cosas y es inconstitucional; es más, esto va a generar una cadena de inconstitucionalidades que los propios colegas van a hacer, imagínate que vos tengas un pleito donde sabes bien que ambas partes son solventes y la Defensa Pública te aparece como contraparte. Yo como abogado voy a hacer una acción de inconstitucionalidad contra esa representación, porque esa ley va a ser inconstitucional y tampoco va a cumplir el efecto que tal vez con buenos objetivos, lo tengan; pero si necesitan más recursos, ellos tienen presupuesto para capacitación, ellos tienen presupuesto para compra de máquinas, ellos tienen secretaria gratis, aire acondicionado gratis, elementos de trabajo gratis, un sueldo importante de entre 12 y 17 millones. Entonces, a mis queridos amigos defensores les digo: “si no están de acuerdo con esos beneficios, le invitamos vengan al sector privado y vamos a trabajar juntos acá y ahí sí vamos a ganar lo que quieran, pero sin afectar al justiciable y sin violar principios básicos”.
DEFENSEROS ACTÚAN COMO AGENTES POLÍTICOS
“En uno de los puntos de la ley que se pretende modificar, ellos dicen claramente que se va a regular tal cual lo dice la ley de aranceles y honorarios profesionales que nos afecta a todos. O sea, que van a cobrar igual que cualquiera de nosotros, entonces lastimosamente creo que hay un error conceptual y me animo a decir, aquí hay una serie de defensores que actúan como agentes políticos, que son prácticamente punteros políticos y lo sabemos y lo vemos en las elecciones tanto el Consejo como en otras elecciones, y esos hoy están aprovechando una mayoría coyuntural que tienen dentro del Congreso y están llevando esto a tambor batiente; pero no se dan cuenta que están haciendo y están cometiendo un error que va a afectar al justiciable, a la justicia y a nosotros también los abogados particulares que todos los días estamos peleando”.
“Ruego que seamos prudentes, sensatos y no utilicemos mayorías circunstanciales para generar caos jurídicos y le digo con mucho respeto a mis amigos de defensores y al señor Defensor General, nosotros como Convergencia, vamos a presentar al Parlamento una objeción fundada de este proyecto que se está queriendo llevar adelante, lo vamos a hacer en Diputados, por más que ya se aprobó en general, pero por lo menos en particular a ver qué podemos solucionar o qué podemos cambiar y lo vamos a hacer en el Senado. Vamos a entrar a pelear en la cancha política, porque lastimosamente esto nos va a perjudicar a todos y si se llegare a aprobar por A o B motivo, prepárense para una cadena de inconstitucionalidades gigantescas, porque esta es una ley que si llega a salir va a ser totalmente inconstitucional”.
“APROBARON A TODA BALA…”
“Yo me enteré del proyecto de ley el día en que se aprueba en general, este es el famosos sistema que usan los amigos cuando tienen mayoría coyuntural, meter el proyecto, aprobar a toda bala y después toiko la oikoa, pero ese es el problema, nos afecta a todos, abogados, justiciables, a la justicia. Si no les gustan las condiciones, bienvenidos al sector privado, pero no aplicarle al justiciable, que se merece una justicia de calidad un dinero que no corresponde y mucho menos ofrecer un servicio como institución a alguien que no lo merece”.
¿Qué harán a parte de la objeción ante el Congreso?
“Vamos a hacer una oposición formal ante el Congreso, porque seamos realistas, ellos ya llevaron ─los defensores─ la batalla al campo político, porque esto ya tiene media sanción nada más y nada menos que en una de las Cámaras del Congreso, nosotros tenemos que entrar ahora a pelear políticamente. Hoy ya no hay tiempo del debate, ya no hay tiempo para nada, porque evidentemente ellos están llevando a tambor batiente y también vamos a sentarnos con los senadores, vamos a sentarnos con los diputados, con las autoridades, inclusive, donde el Presidente de la República si hace falta y les vamos a explicar con claridad que esto tal vez puede tener buena intenciones por detrás, pero es un error jurídico, político y por sobre todas las cosas, es una lesión a los derechos del justiciable y del abogado pasillero que también se merece el respeto y que con esto prácticamente va a tener otro conflicto más”.
“DEFENSORES PÚBLICAS COBRAN EN EL INTERIOR”
“Hoy esto ya está pasando, en el interior del país los defensores cobran y hay miles de denuncias en toda la República que los defensores cobran en el interior del país. Vamos legitimar algo que realmente está generando perjuicios a la sociedad, a los gremios de abogados y al mismo tiempo el justiciable, que es el que al final recibe la presión de tener que recurrir a esto. Y pregunto, ¿quién es el defensor que le va a decir a su cliente, no vos no tenes dinero? A partir de que esta ley se promulgue va a ser un todos contra todos, cualquier G 500 millones le van a sacar a la gente, esa es la realidad y eso no es bueno. Yo creo que tenemos que encontrar con prudencia, con mesura cuestiones que realmente benefician a la justicia y no estas cuestiones que pueden perjudicar tal vez como una vez lo dijimos con las mejores intenciones, pero con errores conceptuales demasiado grandes”.
