La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción presentada por el José Bogado, exsecretario del exministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, en contra de las resoluciones que dispusieron la apertura del juicio y la inadmisión de su apelación. Bogado está acusado por tráfico de influencias, por un supuesto pedido de US $2 millones al empresario Darío Messer.
La acción de inconstitucionalidad promovida por José Bogado, en contra del A.I. N° 875 de fecha 16 de diciembre de 2021 dictado por el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Segundo Turno, y del A.I. N° 05 de fecha 11 de febrero de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado.
En la resolución dictada en primera instancia se resolvieron los incidentes planteados en la audiencia preliminar y además se dispuso la apertura del juicio oral y público; en tanto que, por el fallo del Tribunal de alzada se declaró inadmisible el recurso de apelación general interpuesto en contra de la resolución del Juzgado de Garantías.
La acusación presentada por los fiscales Francisco Cabrera y Silvio Corbeta señala que “José Ramón Bogado, de común acuerdo con la señora María Lorena de Barros Barreto y el señor Diego Di Stefano entre las fechas 23/04/2019 y el 04/03/2019, solicitaron la suma de US$ 2.000.000 a los representantes legales del entonces prófugo Darío Messer, en particular a los abogados Leticia Bóbeda y Rodrigo Galeano”.
Agrega que el dinero solicitado era “a cambio de ejercer sus supuestas influencias con los miembros del Poder Judicial y con el entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, a fin de obtener y asegurar resultados favorables respecto a la tramitación de cualquier planteamiento que pudieran realizar los citados defensores en representación del rebelde Darío Messer ante las instancias judiciales, así como el ofrecimiento de garantías para su entrega y sometimiento a la justicia paraguaya”.
El Ministerio Público indica además en la acusación que la suma requerida sería distribuida de la siguiente manera: US $1.000.000 para Juan Ernesto Villamayor y US $1.000.000 para los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Beneficiada con la suspensión condicional.
El pedido de dinero fue materializado a través de reuniones personales que se llevaron a cabo el 23 de abril del 2019 y el 4 de mayo del mismo año, periodo en el cual también hubo comunicaciones telefónicas y por WhatsApp entre Lorena de Barros y Leticia Bóveda, en donde la primera de ellas era quien insistía en que se llevarán adelante tales reuniones.
Así también, se hace el ofrecimiento de las garantías para su entrega y sometimiento ante la justicia paraguaya del prófugo Darío Messer.
