19/04/2024

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Sala Constitucional rechaza acción de Díaz Verón a más de tres meses de su absolución

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La Sala Constitucional de la Corte rechazó in limine la acción promovida por el exfiscal General, Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, recientemente absueltos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El Acuerdo y Sentencia Nº 230 del 1 de abril se da a conocer tras más de tres meses de la finalización del juicio oral y público el que el Tribunal de Sentencia, compuesto por los jueces Víctor Alfieri, Alba González y Darío Báez, resolvió la absolución del matrimonio.

En el análisis de fondo, el ministro Alberto Martínez Simón en primer lugar debe señalarse que para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad no basta con la expresión de todo recurrente de su voluntad de impugnar y motivos en que funda su acción, sino que además debe justificar la lesión concreta y de forma clara y que se permita identificar la vulneración de la normativa constitucional.

“En ese sentido, cabe reiterar que quien arguya conculcaciones de principios y garantías constitucionales debe necesariamente fundar su petición en argumentos sólidos que demuestran irrefutablemente la relación directa e indirecta producida entre las resoluciones impugnadas y las normas constitucionales invocadas, presupuestos del que carece la acción promovida, en consecuencia al no darse cumplimiento de los requisitos exigidos por el código de norma, corresponde el rechazo in limine, señala la fundamentación del preopinante al cual se adhirió el ministro Diésel.

El voto en disidencia provino del ministro Víctor Ríos, describiendo en base a la la disposición legal, los requisitos para debe admitirse la acción de inconstitucionalidad cuando se verifica el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) qué el . accionante constituya domicilio; 2) que individualice la resolución impugnada; 3) que identifique el juicio donde recayó la resolución impugnada; 4) que funde la petición en términos claros y determine el derecho, exención, garantía o principio constitucional que se considera infringido y; 5) que presente la acción en el plazo de 9 días

En resumen, según Ríos, los accionantes determinaron en términos claros y concretos el agravio constitucional que las resoluciones le causan. Puntualmente, manifestaron que los fallos vulneran los artículos 16 y 17 incs. 1) y 8) de la Constitución Nacional. Al respecto, sostuvo que las actuaciones de los juzgadores, vulneraron gravemente los derechos de debido proceso, derecho a la defensa y derechos procesales.–

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