La Contraloría concluyó el estudio de correspondencia de bienes con relación a un grupo de 20 jueces y fiscales, de 121 que fue solicitado por el Consejo de la Magistratura. Se hicieron observaciones en algunos casos, debido a que se encontraron inconsistencias entre lo declarado y los informes recibidos por el órgano contralor. Así lo señaló el director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, quien explicó que se debe correr traslado a los afectados para que presenten sus descargos en cuanto a los puntos observados. Si no levantan los cuestionamientos, se envían los antecedentes a la Fiscalía por presunta declaración falsa o supuesto enriquecimiento ilícito.
Torres explicó a El Observador que de la lista de 121 jueces, camaristas, fiscales y síndicos de quiebras que fue remitida por el Consejo de la Magistratura, ahora los informes fueron concluidos con relación a un grupo de 20 operadores de justicia. “Estamos trabajando sobre cada uno a medida que vamos recibiendo los informes de las instituciones. Esto va ir saliendo por grupo, porque también estudiamos la correspondencia de los comisarios generales”, refirió.
“En el caso de algunos jueces y fiscales se hicieron observaciones”, puntualizó el funcionario, que al ser consultado como se puede entender eso, respondió: “Que se han detectado inconsistencias entre lo declarado y los informes recibidos, lo que se convierten en observaciones de la Contraloría”.
El siguiente paso es comunicar al funcionario, en este caso específico jueces y fiscales, para que puedan presentar su descargo con relación a los puntos observados por el órgano encargado del control.
“Si no se levanta la observación se confirman las inconsistencias y se remiten los antecedentes al Ministerio Público, ya sea por omisión (declaración falsa) o incremento patrimonial no sustentable”, manifestó el director de Declaraciones Juradas.
ANTECEDENTES
Contraloría desempolva 700 declaraciones
juradas de 121 jueces y fiscales en concurso
La Contraloría revisa un total de 700 declaraciones juradas de bienes y rentas que fueron realizadas por 84 jueces, 7 camaristas, 24 fiscales y 6 defensores públicos, para solicitar informes a entidades públicas y privadas, en el marco del estudio de correspondencia entre sus ingresos y egresos, de la lista de 121 operadores de justicia enviada por el Consejo de la Magistratura. Esto fue confirmado por el director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres. Por otro lado, Oscar Paciello, titular del CM, dijo que el objetivo es una “selección correcta en cuanto a capacidad e integridad” de los concursantes. Agregó que hay “actuaciones llamativas y queremos sacarnos las dudas”.
Armindo Torres, declaró a El Observador, que están mirando las declaraciones juradas de los operadores de justicia que figura en la lista enviada por el Consejo de la Magistratura. Dijo que en los documentos se tiene que ver, por ejemplo, donde trabajó el funcionario o su esposa, que también puede ser funcionaria pública, y, en consecuencia, sus declaraciones juradas también van a ser objeto de análisis.
El estudio de correspondencia de bienes de jueces, fiscales, camaristas, defensores públicos y síndicos de quiebras, se impulsa a propuesta del ministro Gustavo Santander, quien en los primeros días de abril se había reunido con el contralor general de la República. El alto magistrado prometió durante sus entrevistas públicas que el análisis de los ingresos y egresos de los magistrados es una forma de combatir la corrupción interna en el desacreditado Poder Judicial.
