La Contraloría había anunciado, que, a finales del año pasado, se tendrían las conclusiones de correspondencia de bienes de un grupo de 52 operadores de justicia, incluidos jueces, fiscales, camaristas, defensores públicos y síndicos de quiebras, de un total de 121 magistrados. Se espera, que, a finales de febrero o primeros días de marzo, el órgano contralor presente el trabajo que había iniciado ya hace un tiempo. La corrupción interna es uno de los graves problemas del Poder Judicial, el Ministerio Público y otras las instituciones de este ámbito, por lo cual resulta clave el análisis sobre el patrimonio de los operadores que hace el órgano contralor. Ojalá que no haya un blanqueo masivo, gracias a los padrinos políticos de los jueces.
La Contraloría estaba concluyendo el estudio de correspondencia de bienes de un grupo de 52 jueces, camaristas, fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebras, de una lista de 121 operadores de justicia que fue remitida por el entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Oscar Paciello. El órgano contralor había hecho observaciones con relación a las declaraciones juradas de algunos magistrados, a quienes se les corrió traslado en su momento. Casi siempre, en todos los trabajos de la CGR, entre el 10 o el 15 por ciento, de los antecedentes son remitidos al Ministerio Público.
La Corte, como parte del programa de depuración, había firmado un convenio con la Contraloría, pero al parecer el mismo no se efectivizó, ya que se desconoce de la ejecución del proyecto. Era para que la Dirección General de los Registros Públicos y la Dirección de Automotores remitan en forma rápida los informes solicitados por la Contraloría General de la República.
ANTECEDENTES
Los antecedentes revelan que el juez de Ciudad del Este, Amílcar Marecos, confirmado en el cargo por la Corte, y su esposa, la defensora pública, Sady Cantero, había sido notificados por la Contraloría ante las inconsistencias detectadas en su patrimonio. El magistrado, es uno de los operadores de justicia que se mantiene en el cargo, pese a numerosos cuestionamientos gracias a sus padrinos políticos, quienes le brindan protección a cambio de los favores que Marecos después les hace en los procesos que interesan a los mismos.
El director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, había manifestado a El Observador, que no se puede dar a conocer dichas observaciones, “ya que las mismas pueden ser levantadas y no queremos dañar la imagen del funcionario”.
“Todas las personas que tienes observaciones se les corre traslado para que presenten su descargo o su defensa. Tienen diez días. Ahora ya va a ser mucho más dinámico todo, porque estamos en etapa de culminación, de corrección y vamos a ir sacando semanalmente los informes de correspondencia de los jueces y fiscales que tenemos en la lista”, había declarado Torres.
Aclaró que si los afectados “presentan todas las documentaciones que se les requiere o justifican el incremento que se les observa o la omisión que se les observa, si presentan la documentación respaldatoria, porque no declaró ese bien, se puede levantar. Si no presentan la documentación respaldatoria, las observaciones se confirman y se hace el análisis para determinar si hay un incremento patrimonial indebido o alguna omisión. En esos casos se remiten los antecedentes al Ministerio Público”, apuntó el director.
